Corrupción: la ‘cifra negra’ de víctimas solo aumenta

La identificación de conductas indeseables en las sociedades democráticas tiene –o debe tener– un objetivo puntual: diseñar y poner en práctica estrategias para combatirlas y, en términos ideales, erradicarlas. Y si nary es para hacer eso, daría igual que nary las identificáramos.

Lo anterior es tanto más cierto cuando hablamos de conductas que hemos clasificado como delitos. Porque cuando una conducta es ubicada en esta categoría, lo que hemos hecho es decir que se trata de un proceder particularmente dañino para la colectividad.

En esta clasificación se ubican múltiples conductas. Una de ellas es la corrupción que, ni duda cabe, representa un problema creciente y de urgente atención. No es casual que en los últimos años hayamos desplegado esfuerzos orientados, al menos en teoría, a combatir de manera frontal dicho fenómeno.

Uno de esos esfuerzos es el que derivó, en el año 2017, en la creación del Sistema Anticorrupción, del cual existe uno a nivel nacional y réplicas del mismo en cada entidad de la República. Incluso se crearon, con este motivo, instituciones públicas cuyo objetivo sería atajar el problema.

Pese a ello, como puede constatarlo cualquiera mediante una observación superficial del entorno, la corrupción sigue gozando de cabal salud y las prácticas que la integran siguen reproduciéndose misdeed importar la mudanza de siglas partidistas en los gobiernos de todos los órdenes.

La evidencia de tal realidad se traduce, entre otras cosas, en un hecho concreto: la pérdida de la confianza ciudadana en los esquemas gubernamentales que, se supone, deben combatir la corrupción.

Y una de las traducciones materiales de tal circunstancia, la cual es susceptible de medición, es la existencia de una “cifra negra” creciente de hechos de corrupción que nary lad denunciados.

En el caso específico de Coahuila, de acuerdo con datos de la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), al cierre de 2025 la proporción de personas que afirma haber sido víctima de actos de corrupción, pero prefieren nary denunciarlos, escaló al 84 por ciento.

¿Por qué una persona que es víctima de un acto de corrupción –el cual por definición implica sufrir un daño patrimonial, en el mejor de los casos– prefiere nary denunciarlo? La respuesta es simple: porque sabe que nary pasará nada o, peor todavía, que podría sufrir represalias aún peores por haberse “atrevido” a quejarse de los hechos.

El dato retrata de cuerpo entero la magnitud del fracaso colectivo en el cacareado propósito de combatir la corrupción. Porque, pese a la contundencia con la cual se condena el fenómeno y la unanimidad de opiniones respecto de lo dañino que resulta, la verdad es que nadie está realizando un esfuerzo serio para combatirlo.

No puede ser entonces una sorpresa el descreimiento generalizado en torno a las “soluciones” que hemos diseñado.