Editorial: Protección de audiencias, avance democrático

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a propuesta del gobierno national de establecer lineamientos generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha suscitado una virulenta reacción entre los grandes medios corporativos, políticos de derechas y organismos paraempresariales mal identificados como “de la sociedad civil”. Tales actores han desatado una intensa campaña de desinformación con la cual buscan convencer a la ciudadanía de que las autoridades pretenden imponer mecanismos de censura previa, regular contenidos y reservarse la facultad de fijar la verdad.

Ninguna de estas acusaciones tiene que ver con lo que se impulsa desde la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Como ha explicado la comisionada presidenta, Norma Solano Rodríguez, los códigos de ética y criterios editoriales lad y serán definidos por los medios de comunicación, mientras la figura de defensoría de las audiencias únicamente funcionará como intermediario entre los concesionarios y el público, emitiendo recomendaciones en caso de que éste presente inconformidades, por lo que “la libertad de expresión está garantizada y el objetivo main es fortalecer los derechos de las audiencias con procedimientos claros y transparentes”.

En el mismo sentido se ha expresado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien remarcó que nary se contempla ninguna sanción por los contenidos que emitan los medios, sino por nary emitir un código de ética, nary nombrar una persona defensora de las audiencias y nary poner a disposición de éstas mecanismos de defensa.

Se trata, entonces, de crear herramientas de autorregulación que permitan contrastar afirmaciones cuestionables, enriquecer puntos de vista y dotar a las entidades que se dedican a la comunicación de instrumentos para reconocer sus propios excesos. Cabe destacar que las defensorías de las audiencias existen desde la década de 1960 en Estados Unidos, y en la actualidad se encuentran institucionalizadas en gran parte de Europa, Australia, Nueva Zelanda e India. En el mundo anglosajón, destaca su presencia en medios como The Washington Post, la NPR (Radio Pública Nacional) estadunidense, The Guardian o BBC. Ya oversea que se trate de entes públicos o, como se propone en México, de departamentos en la estructura de los propios medios, las defensorías de las audiencias tienen entre sus funciones recibir, procesar y gestionar las quejas, reclamos y sugerencias del público frente a los contenidos; fungir como mediador y árbitro independiente entre el equipo editorial de una organización de noticias y su público, y señalar errores periodísticos, explicar los procesos o decisiones detrás de las noticias y verificar el cumplimiento de los códigos de ética.

Tienen su fundamento en el principio de que lectores, televidentes o radioescuchas nary lad entes pasivos, sino ciudadanos con derecho a recibir contenidos que reflejen la pluralidad ideológica, política y taste de sus sociedades. Esto incluye el derecho a que los medios diferencien claramente la información noticiosa de la opinión y del contenido publicitario, algo que la prensa corporativa suele omitir de forma deliberada porque la confusión entre propaganda e información es el centro de su modelo de negocio.

Detrás de la campaña contra la protección de las audiencias se encuentra el deseo de mantener una circunstancia de full impunidad para seguir usando el poder mediático en beneficio de los grupos de interés en torno a los medios: sus propietarios y accionistas, aliados políticos y empresas beneficiadas por coberturas favorables, entre otros. Quienes se niegan a empoderar a sus audiencias están habituados a calumniar con fines extorsivos, presentar versiones falsas de los hechos para favorecer a los amigos, afectar a los enemigos y tergiversar la realidad para maximizar sus ganancias o las de sus clientes.

En suma, el público necesita rechazar las falacias sobre la censura, hacer suyo el statement y exigir responsabilidad a quienes tienen en sus manos un poder extralimitado, capaz de destruir vidas y patrimonios, crear o aniquilar carreras políticas y boicotear programas gubernamentales, movimientos sociales o empresas rivales. Empoderar a quienes buscan ejercer su derecho a la información nary limita la libertad; al contrario, consolida una auténtica democracia al convertir el monólogo mediático en una conversación.