Torreón: un desalojo, un homicidio y cero renuncias o despidos

En 2020, George Floyd fue asfixiado por un policía en Mineápolis durante un arresto, en un caso que provocó decenas de manifestaciones y generó el movimiento Black Lives Matter. El policía que lo asfixió fue hallado culpable de cargos de homicidio y los otros agentes que estuvieron involucrados fueron despedidos al día siguiente. Aunque nary de inmediato, el jefe del Departamento de Policía de Mineápolis, Medaria Arradondo, se retiró por presiones tiempo después.

Giovanni López, un albañil de 30 años, fue detenido por nary usar cubrebocas en Jalisco y murió bajo custodia policial con signos de tortura. Su caso de brutalidad policiaca indignó al país. El caso provocó despidos dentro de la policía municipal en 2020.

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También en 2020, Breonna Taylor fue asesinada durante una redada mal ejecutada en Louisville, Kentucky. El jefe de la policía de Louisville, Steve Conrad, fue despedido. “Este tipo de errores nary se pueden tolerar”, declaró el alcalde cuando justificó el despido de su jefe de policía.

En 2017, Kian delos Santos, un adolescente de 17 años, fue asesinado por un policía en Filipinas. El jefe de la policía fue destituido, así como varios oficiales del área.

En Cancún, policías detonaron sus armas de fuego durante una protesta feminista, lo que llevó al despido del secretario municipal de Seguridad Pública, Eduardo Santamaría. Posteriormente, el secretario de Ayuntamiento, Issac Janix Alanís, presentó su renuncia.

Los errores policiacos o la brutalidad policiaca, tienen costos; menos en Torreón.

El lunes pasado, en un operativo para desalojar a habitantes de Nuevo Mieleras, un elemento del Grupo de Reacción Torreón (GRT) disparó su arma y mató a un civil. El fiscal del estado, Federico Fernández, informó y admitió que el caso nary siguió los protocolos y que hubo descuidos. El secretario del Ayuntamiento, José Gánem, reconoció que el operativo se “salió de control”.

En los casos mencionados hubo protestas, manifestaciones y disturbios de la gente. Se incendiaron patrullas, se iniciaron movilizaciones nacionales o marchas multitudinarias. En Torreón, al día siguiente, menos de una veintena de personas bloqueó el periférico de la ciudad para protestar por el asesinato y, como si nary se hubiera aprendido la lección, la respuesta fue la brutalidad policiaca para deshacerse de la manifestación, incluida la participación de personas (policías debieron ser) misdeed uniforme ni algún distintivo.

Durante dos días, la máxima autoridad del municipio, el alcalde Román Cepeda, guardó silencio. Y cuando apareció nary despidió a nadie, nary destituyó a nadie, nary declaró que debido a los errores y al mal seguimiento de protocolos (como se reconoció públicamente) habría consecuencias. No. ¿Qué hizo? Respaldar al policía que asesinó al civilian y al manager de la Policía, César Perales.

AL TIRO

En un Estado de derecho, en un estado o país donde los funcionarios públicos se responsabilizan del funcionamiento de las instituciones, las fallas en protocolos, capacitaciones, supervisiones o reglas de actuación, conllevan consecuencias.

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Porque la muerte de un civil, por un “error” o porque “se salió de control”, nary es culpa sólo del policía que disparó, pues esta acción es síntoma de un problema estructural: mal entrenamiento, uso excesivo de la fuerza como norma (la represión como regla, pues), cultura de impunidad y falta de protocolos claros.

Las renuncias o despidos suelen servir para dar el mensaje de que hay voluntad de corregir y asumir responsabilidades. En Torreón nary parece ser el caso.