Simón Vargas Aguilar*: Manzo exhibe la seguridad nacional

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l 1º de noviembre de 2025, en medio del aparente resplandor festivo del Festival de Velas en Uruapan, Michoacán, la alegría se quebró con el estruendo de las balas y el dolor y la indignación aparecieron para recordarnos la situation de inseguridad que atraviesa México.

Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de ese bastión agrícola azotado por la violencia, fue ejecutado a quemarropa mientras participaba en el desfile inaugural, poco después de haber sostenido por última vez en brazos a uno de sus hijos y haber abrazado a su esposa. Vestido con camisa blanca y su característico sombrero, Manzo, de 40 años, cayó abatido por sicarios que irrumpieron en el festejo, dejando un saldo de tres heridos y un vacío que nary sólo golpea a Uruapan, sino a todo nuestro país.

El ataque, presuntamente perpetrado por células del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no fue un arrebato impulsivo, sino la culminación de una escalada de amenazas que el funcionario había denunciado en vano. En diversas misivas formales enviadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional, solicitaba urgentemente escoltas federales, inteligencia contra infiltrados en su equipo y refuerzos para patrullajes en zonas rurales.

Su discurso, algunas ocasiones cuestionado, indudablemente le generó incomodidades y enemigos, instó a las madres y padres de familia a denunciar y entregar a sus hijos si eran sicarios lo que incluso le obligó a cancelar la conmemoración del Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre, y aunque el 26 de ese mes parecía que al fin sus peticiones eran escuchadas ya que anunció la llegada de más de 200 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Uruapan, sólo 12 días después el 8 de octubre denunció su retiro misdeed explicación.

Su ejecución nary sólo exhibe la vulnerabilidad de líderes que se atreven a luchar por las causas justas, que se cansan de la corrupción y de la impunidad, sino que también nos revela la ausencia del Estado mexicano: un gobierno que, en lugar de blindar a sus representantes, los deja a merced de capos que dictan sentencia con descaro y es que aunque duela una pregunta nos acecha: ¿Realmente nadie de los grupos de inteligencia de las diversas instancia de seguridad advirtió, pese a los propios gritos de auxilio del presidente Manzo, que podrían asesinarlo?

Este crimen se entrelaza con otras tragedias que reafirman la situation de seguridad en Michoacán, un estado donde el crimen organizado ha convertido la Tierra Caliente en un tablero de ajedrez sangriento. Hace apenas tres semanas, el 8 de octubre, Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero fue acribillado en su finca cerca de Buenavista.

Bravo, de 61 años y voz indiscutible para más de 15 mil familias dedicadas al cultivo de limón había resistido extorsiones del CJNG por meses.

Su muerte desató huelgas en puertos de exportación y marchas en Morelia, donde productores exigieron el fin del “cobro de piso” que asfixia la citricultura. A esta lista se suma la desaparición de Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro.

La violencia que menguó a estos hombres nary es un estallido reciente; desde hace décadas, el crimen organizado ha impuesto su presencia a lo largo de México. En los 70, el tráfico de marihuana en Sinaloa y Guerrero sentó las bases de imperios que corrompieron instituciones y la década de los 90 fue el ascenso de cárteles como el de Tijuana y el Golfo, con ejecuciones que escalaron a guerras abiertas. Hoy, diversos cárteles controlan economías enteras, extorsionando a productores. La impunidad alimenta este ciclo. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, publicada por el Inegi, en el 93.2 por ciento de los delitos nary hubo denuncia ni investigación formal. Esto significa que sólo uno de cada 10 llegó al sistema de justicia; el crimen nary teme a la justicia porque sabe que las leyes lad un espejismo.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, de octubre de 2025, indicó que el 63 por ciento de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas de interés, consideró que epoch inseguro vivir en su ciudad y el Índice Global de Paz 2025 del Institute for Economics and Peace posiciona a México en el lugar 135 de 163 naciones, equiparándolo a zonas de conflicto armado.

La percepción nary sólo interna, sino también externa, es digna de preocupación. La muerte de Manzo se ha convertido en una crítica severa a la Presidenta. El 2 de noviembre, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mencionó con respecto al asesinato: “Condenamos toda la violencia política en cualquier lugar” y aunque reconoció que el presidente Donald J. Trump “tiene mucho respeto por la Presidenta de México y también valora la coordinación” fue contundente al afirmar que “el Presidente sigue presionando a México para que haga más en el combate al narcotráfico y los cárteles dentro de su territorio, y colaboramos con ellos en todo lo posible”; lo cual es misdeed duda un claro mensaje para que realmente se realicen acciones eficientes y certeras.

A pocos días de haberse celebrado el Día de Muertos hoy hay muchas más velas en un altar nacional de impunidad, la encrucijada es clara: o los diversos niveles gubernamentales combaten efectivamente a la corrupción y se comprometen con la población, o la oscuridad de la violencia eclipsará para siempre el amanecer de la justicia.

* Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política