La relevancia en la fiscalización preventiva

Los Estados federales, como el nuestro, tienen distintas formas de organización política, administrativa y territorial que aquellos que nary lo son. No obstante, la complejidad inherente a su estructura –derivada de la distribución del poder, funciones y competencias entre diferentes órdenes de gobierno– genera desafíos asociados a la rendición de cuentas.

En sistemas federales, dichos órdenes de gobierno participan en la gestión de recursos públicos a partir del ciclo presupuestario e instancias competentes. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la única institución que tiene facultades constitucionales para auditar recursos públicos federales. Por ello, destaca la existencia de un órgano técnico de fiscalización y auditoría capaz de garantizar que los recursos se utilicen con honradez, eficiencia, transparencia, economía y equidad.

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En la Constitución de 1917 y sus diferentes reformas, la competencia concurrente en materia de recaudación –con la salvedad de los impuestos e instrumentos para la recaudación que están señalados expresamente para cada orden de gobierno– no es suficiente para la obtención de mayores ingresos propios. Por ello la dependencia de estados y municipios a los ingresos de origen national es tan elevada que la ASF se ve obligada a revisar su gasto.

En este contexto, la ASF –como ente con competencia exclusiva para fiscalizar los recursos públicos de origen federal, subrayo, recursos exclusivos– look como un pilar indispensable para la vigilancia correcta del gasto público. Por ello, como órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, con autonomía de gestión, extiende su competencia, por ministerio de ley, al “sistema subnacional”, es decir, a los estados y municipios que ejercen recursos federales.

En la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, presentada el 23 de octubre ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se reportó la fiscalización de más de 9 millones de millones de pesos, ejercidos por más de seis mil entes públicos de los tres órdenes de gobierno. La entrega reciente incluyó 546 auditorías: 356 dirigidas al ámbito subnacional (estados, municipios y órganos locales) y 190 a entes federales directos, además, se emitieron más de 173 recomendaciones derivadas de 79 auditorías de desempeño, lo que da cuenta del valor de la fiscalización en un ente de carácter federal.

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Los resultados y hallazgos presentados subrayan la relevancia de un órgano como la Auditoría Superior de la Federación para contar con un federalismo estable y funcional. En primer lugar, asegura la utilidad de la fiscalización a partir de un enfoque preventivo. En la ASF aplicamos estándares desde la Auditoría Integral hasta herramientas innovadoras, como la inteligencia artificial, capaces de agilizar el análisis de datos masivos. En un país con 32 entidades federativas y más de 2 mil 500 municipios, esta capacidad institucional garantiza intervenciones gubernamentales más eficaces a nivel local.

En segundo lugar, el órgano técnico fomenta la rendición de cuentas vertical y horizontal. La presentación de los informes –disponibles en informe.asf.gob.mx y la app ciudadana– es una oportunidad para socializar y agregar valor al trabajo de la Auditoría y su vinculación con la sociedad.

Una Auditoría como la que hoy tenemos es un instrumento que revaloriza el sentido del Pacto Fiscal, que equilibra el federalismo al vigilar que nadie quede exento del escrutinio, revisión, evaluación y fiscalización. Hubo cinco entidades federativas que nary registraron montos por aclarar en esta segunda entrega, un ejemplo de los beneficios de la visión preventiva con la que trabajamos.

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