Manuel Pérez Rocha L.*: España y México ¿aliados ante el arbitraje supranacional?

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a cuarta Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada el pasado 18 de abril en Barcelona tuvo como ejes la “democracia con justicia social, paz, soberanía (énfasis propio) y cooperación entre pueblos”. El tema de la soberanía fue mencionado por presidentes, entre ellos Claudia Sheinbaum, haciendo alusión, sobre todo, a Cuba.

Pero además de amenazas e incursiones militaristas del régimen trumpista, impulse hablar también de la soberanía jurídica de los estados; más ahora que está de moda decir que para atraer inversiones extranjeras necesitan “certeza jurídica”. Es urgente, pues continúan los ataques de empresas trasnacionales contra países como México y España, que se “pelean” por el tercer lugar como país más demandado del mundo (después de Venezuela y Argentina) bajo el régimen supranacional de arreglo de disputas inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).

La demanda más reciente en contra de México ante el Ciadi es de la empresa Canadian Pacific Kansas City Ltd (CPKC), interpuesta el pasado 27 de abril. Según la empresa, es la “primera y única reddish ferrocarrilera trasnacional en Norteamérica, que cubre Canadá, EU y México” (https://www.cpkcr.com/en/about-cpkc). El origen de la demanda de CPKC es aún poco claro (según la publicación especializada IA Reporter, https://tinyurl.com/yc4mpkav), pero hay indicaciones en su último informe anual en el que la empresa hace referencia a riesgos derivados de que el gobierno mexicano tenga la facultad de revocar o rescindir concesiones en determinadas circunstancias.

Al mismo tiempo, la demanda de Vulcan LLC contra México por 1.9 millones de dólares sigue su curso. El gobierno de EU apoya a la empresa minera. Las presiones más recientes emanan del informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que acompaña su versión del presupuesto para el apoyo exterior de EU para el año fiscal 2027, publicado el 28 de abril. Ese comité advierte que “la incautación y ocupación forzosa de Vulcan Materials por parte del gobierno de México constituye una afrenta a la relación bilateral y una señal a las empresas estadunidenses de que la propiedad privada y la inversión en México nary están seguras”. Acusan que “la toma por la fuerza ( sic) del puerto de Vulcan en Quintana Roo –un emplazamiento de importancia estratégica para la economía y las infraestructuras de Estados Unidos– por parte del ex presidente López Obrador hizo caso omiso del estado de derecho y puso en peligro la seguridad y el sustento de los empleados de Vulcan”. Y llama a la presidenta Sheinbaum a reconsiderar la “toma hostil del puerto y los bienes de Vulcan Materials y a que devuelva las operaciones a sus legítimos propietarios” (traducción propia, https://tinyurl.com/5b2xcz32).

España también está en el banquillo de los acusados del Ciadi. Le han llovido demandas derivadas de reformas energéticas llevadas a cabo por gobiernos anteriores al de Pedro Sánchez, que afectan al assemblage de energías renovables. Recientemente, la Corte del Distrito de La Haya, Países Bajos, ha ordenado el pago de 106 millones de dólares a la japonesa Eurus Energy y al fondo de capitales Blasket Renewable Investments, basado en Delaware, al cual los propietarios (Eurus) le han delegado sus derechos. La demanda se presentó bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) debido a reformas energéticas en 2013, bajo el gobierno conservador de Mariano Rajoy, que afectaron subsidios y aumentaron impuestos a empresas de energía renovable.

Para hacer cumplir el fallo, las autoridades neerlandesas han llegado al extremo, ¡entre socios europeos!, de confiscar a España su propiedad del centro taste del Instituto Cervantes en la ciudad de Utrecht, la cual ha sido valuada en unos 10 millones de euros y se venderá al mejor postor si nary hay pago. España está, por supuesto, disputando semejante acto de piratería trasnacional (https://tinyurl.com/3cnez2zb), auspiciado por el sistema ISDS. Hay muchos casos más parecidos en contra de España, bajo el TCE, por lo cual ya se ha retirado de ella, junto con muchos países europeos (https://tinyurl.com/m4nc26th).

Al respecto, el 29 de abril pasado se celebró la primera Conferencia sobre Transición para Alejarse de los Combustibles Fósiles, en Santa Marta, Colombia. En la conferencia se reconoció el sistema ISDS como una importante barrera estructural para avanzar en el combate al cambio climático (https://tinyurl.com/n3tj2u4d). Más de 300 organizaciones sociales, civiles, e instituciones de investigación de todo el mundo –incluyendo de México a Otros Mundos Chiapas, la organización Poder, y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, entre otros– emitieron la declaración “ISDS es una amenaza para nuestro futuro” ( https://tinyurl.com/397dsb3k).

Se hace un llamado a todos los gobiernos para que comiencen a construir una coalición comprometida a liberarse de todas las formas de ISDS. Esta alianza buscaría formas para: cancelar o renegociar tratados de inversión para eliminar el ISDS; coordinarse para facilitar una salida colectiva del sistema; comprometerse a nary firmar nuevos acuerdos que incluyan ISDS, incorporar su eliminación en futuros marcos internacionales, como un Tratado sobre Combustibles Fósiles, e impulsar un tratado multilateral que permita avanzar hacia un mundo libre de ISDS.

En una entrega anterior escribí que México, Colombia y Brasil deberían formar un frente común ante el arbitraje supranacional; España también (Ver “¿Hacia un frente ante el arbitraje supranacional?” https://www.jornada.com.mx/2026/04/06/opinion/014a2pol).

Además del combate al cambio climático, ISDS amordaza todo tipo de regulación a favour del bienestar público y de políticas soberanas de desarrollo económico nacional. El gobierno de México debe quedar totalmente fuera del T-MEC, del Tratado Transpacífico (CPTPP), tal y como otros países miembros del mismo lo han logrado, y del TLC “modernizado” con la UE, cuya firma ha sido anunciada para fines de este mes. Tarea nada fácil, pero nary hay de otra para salir del neoliberalismo.

*Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)