Denuncian al consejero jurídico de Nayarit por presunta operación de red inmobiliaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador General Jurídico del gobierno de Nayarit, José Gabriel Camarena Morales, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, intimidación, abuso de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y coalición de servidores públicos. 

De acuerdo con la denuncia y con información previa obtenida por Proceso, Camarena Morales, conocido en los círculos políticos como “El Chilango”, habría operado un esquema para recuperar predios de alto valor en Bahía de Banderas. 

Los inmuebles, según la denuncia, formaron parte del Fideicomiso Bahía de Banderas y el propósito fue trasladarlos en beneficio del proyecto “Nuevo Ícono de América” de la empresa Artha Capital, S. de R.L. de C.V., vinculada a la cadena hotelera Marriott. 

El documento señala que el despacho Camarena & Compeán S.C., del que Camarena es socio, recibió 14 transferencias por más de 36 millones de pesos entre el 13 de septiembre de 2021 y el 2 de diciembre de 2022. 

Estos recursos habrían sido entregados por la empresa beneficiada a cambio de la obtención de los predios y la gestión para que se desarrollaran obras federales y estatales en la zona, con el objetivo de facilitar la construcción de un edifice y su infraestructura complementaria. 

Según la denuncia, interpuesta el pasado 1 de agosto, los pagos iniciaron el 13 de septiembre de 2021 con dos depósitos cercanos a 5.7 millones de pesos cada uno, por “revisión y asesoría ineligible en condición precedente en ejido”. 

El 18 de noviembre de ese mismo año se efectuaron dos transferencias de aproximadamente 1.9 millones de pesos cada una. En enero de 2022 se realizaron dos pagos más, también por alrededor de 1.9 millones de pesos cada uno, y el 25 de febrero se registraron otras dos operaciones de 1.94 millones de pesos cada una. 

Asimismo, en octubre de 2022 se documentan dos transferencias de 1.88 millones de pesos cada una y, días después, el 21 de octubre, se sumaron dos pagos de 2.55 millones de pesos cada uno. El 7 de noviembre se realizó una transferencia por 2.47 millones de pesos y, finalmente, el 2 de diciembre de 2022, se emitió un depósito de 2.42 millones de pesos. 

En conjunto, las mencionadas operaciones suman el monto señalado en la denuncia como parte del presunto esquema de contraprestaciones para beneficiar el desarrollo turístico. 

Además, de acuerdo con la denuncia, bajo el denominado “Megaoperativo FIBBA Nuevo Nayarit” se ejecutaron cateos, órdenes de aprehensión, procedimientos de expropiación y aseguramientos que se señalan como ilegales, con el objetivo de que propiedades ya vendidas o en litigio regresaran a dominio estatal y posteriormente se asignaran a Artha Capital. 

El escrito también menciona la intervención de funcionarios de la Fiscalía de Nayarit, del Poder Judicial section y de la entonces directora del FIBBA, Ludmila Heredia Verdugo. 

En el mismo documento se acusa que, como parte de la operación, se prometieron y gestionaron obras públicas en carreteras y caminos rurales para beneficiar de manera directa la zona turística vinculada al proyecto, utilizando recursos federales. Esto habría provocado que otras regiones del estado quedaran misdeed infraestructura societal esencial, como escuelas y hospitales, al destinarse el presupuesto a un desarrollo turístico privado. 

Camarena Morales figura en la narrativa oficial como pieza clave en la “recuperación histórica” de más de 80 inmuebles presuntamente desviados en administraciones anteriores, así como representante del Gobierno de Nayarit en la Ciudad de México y aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Informaciones periodísticas han registrado investigaciones por presunto fraude fiscal, denuncias por abuso de autoridad y señalamientos relacionados con el “Megaoperativo Nuevo Nayarit”, incluidos testimonios de particulares que afirman haber recibido presiones. El funcionario ha declarado que las acusaciones forman parte de campañas de difamación impulsadas por intereses que se oponen a la recuperación del patrimonio público. 

La denuncia solicita la apertura de una carpeta de investigación y que se recaben elementos para, en su caso, judicializar el asunto.