Conflicto agrario en Oaxaca deriva en desplazamiento forzado de 214 indígenas de Yosondúa

OAXACA, Oax., (apro) .- Con el desplazamiento forzado de 214 indígenas Ñu‘u Savi de la comunidad mixteca de Buenavista, un lesionado, el incendio de casas y familias retenidas, se agudizó el conflicto agrario entre los municipios de Santiago Yosondúa y en Santa María Yolotepec por la disputa de más de mil 600 hectáreas. 

Es por ello que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió Medidas Cautelares en seguimiento al Cuaderno de Antecedentes iniciado el 19 de agosto del presente año, derivado de los hechos de violencia registrados en la agencia de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa y en Santa María Yolotepec, vinculados a un conflicto agrario. 

Relató que, el pasado 18 de agosto, un grupo armado ingresó a la agencia municipal de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa, donde realizó disparos con armas de fuego, lo que dejó una persona lesionada, incendio de viviendas y familias retenidas durante el conflicto, además del desplazamiento forzado de aproximadamente 214 personas. 

La defensoría determinó que se trata de una violación a derechos humanos, por lo que solicitó a la Secretaría de Gobierno del Estado coordinar mesas de diálogo que permitan atender de forma integral el conflicto, a fin de garantizar una convivencia armónica entre los habitantes de las localidades involucradas, así como generar los mecanismos eficaces para establecer las relaciones armoniosas entre las personas que habitan ambos municipios. 

Así también, pidió que se realice un censo de las personas víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) por los hechos de violencia generados, así como prever los lugares de alojamiento temporal de las familias desplazadas y de ser necesario el acceso a los servicios de salud, educativos, jurídicos y laborales. 

Y a la Fiscalía General del Estado (FGEO) la instó a que se realicen acciones necesarias para investigar los delitos que con motivo de la problemática planteada. 

El gobierno de Oaxaca reaccionó, seis días después, al reconocer que 72 familias de la comunidad Ñu‘u Savi de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa, fueron desplazadas por el ataque armado perpetrado por sus vecinos de Santa María Yolotepec. 

Mientras que la Secretaría de Gobierno reconoció que con el objetivo de garantizar la seguridad y preservar la paz territorial, instituciones de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos de protección y vigilancia en la zona limítrofe entre los municipios de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, derivado del conflicto entre ambos que prevalece desde hace más de 70 años. 

En este operativo participan la Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Policía Vial Estatal; quienes de manera coordinada implementan patrullajes en dicha área para brindar certeza a la población y a quienes transitan por las comunidades colindantes. 

A su vez, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca (CADH) entregó insumos donados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

La titular de la CADH, Flor Estela Morales Hernández, entregó víveres y botiquines de emergencias a las 72 familias en situación de desplazamiento forzado interno de la comunidad de Buenavista. 

Como parte de la labour coordinada que realiza la Secretaría de Gobierno, la Policía Estatal, la Dirección General del Hangar y la FGEO, se han realizado vuelos de patrullaje y reconocimiento aéreo. 

Las operaciones se centraron en las localidades de El Porvenir, Santiago Yosondúa y Santo Domingo Ixcatlán, con el objetivo de realizar un monitoreo exhaustivo del territorio y reforzar las estrategias de seguridad y paz en la región. 

Estos sobrevuelos permiten detectar posibles riesgos, coordinar acciones interinstitucionales y garantizar una presencia activa de las fuerzas de seguridad en esta zona a fin de preservar los derechos humanos.