Simón Vargas Aguilar*: Chihuahua: el momento de la fractura

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a muerte de dos agentes de la CIA en circunstancia nary aclaradas debidamente en la Sierra Tarahumara de Chihuahua durante un operativo contra narcolaboratorios, podría convertirse en la manifestación más clara, hasta ahora, de una fractura profunda en la relación de confianza entre el gobierno national de México y el de Estados Unidos.

Lo que revela este trágico suceso es que Washington ha dejado de depositar su fe en las instituciones federales mexicanas para combatir lo que considera una amenaza directa a su seguridad nacional: el narcoterrorismo; en su lugar, ha comenzado a tejer alianzas directas con gobiernos estatales y quizá Chihuahua, bajo el liderazgo de la gobernadora Maru Campos Galván, parece ser el inicio de esta nueva estrategia.

Durante décadas, las relaciones de inteligencia y seguridad entre México y Estados Unidos estuvieron cuidadosamente canalizadas a través de protocolos bilaterales diseñados para mantener cierto equilibrio. La DEA mantenía canales directos y operativos a través de la campaña contra el narcotráfico, coordinándose con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y compartiendo información con la Policía Federal y de Caminos; el FBI se ha enfocado en procuración de justicia, extradiciones y casos transfronterizos y por su parte, la CIA había mantenido vínculos con las instancias de inteligencia mexicanas, por ejemplo, con la Dirección Federal de Seguridad (DFS), luego con la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y más recientemente con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Esta arquitectura, aunque compleja y con sus bemoles había permitido una coordinación que, al menos en la superficie, respetaba la cadena de mando national mexicana; hoy ese modelo parece haber colapsado. El gobierno estadunidense, cansado de la percepción de ineficacia, corrupción o incluso complicidad y traiciones en ciertos niveles, parece haber optado por lo que considera más eficiente que es tratar directamente con estados fronterizos o con alta incidencia delictiva. Chihuahua podría ser el parteaguas para una nueva tendencia que podría extenderse a otras entidades y municipios o bien a acciones unilaterales.

El discurso público en México, lamentablemente, se ha centrado en otros aspectos, se discute si los agentes participaban o nary en un operativo, si la gobernadora lo sabía o lo autorizaba, y si se violó la soberanía nacional y hasta el momento, nary existe información certera, pública y comprobable que disipe las dudas. Lo que sí es evidente es el uso político inmediato del caso, desde el primer momento, políticos y funcionarios públicos de Morena se lanzaron a desprestigiar a Maru Campos; tal parece que se olvida qué es la CIA y para qué existe, ya que es una instancia profesional y confiable del gobierno de Estados Unidos para misiones especiales concretas.

Incluso resurgió el supuesto juicio político impulsado por Javier Corral, ex gobernador y ahora senador por Morena, quien había presentado denuncias relacionadas con presuntos actos irregulares durante su administración y un intento de detención en 2024. Posteriormente, diputados locales de Morena fomentaron intentos de destitución o juicio político contra la mandataria panista, argumentando violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

Aunque algunos adeptos a Morena pensaron en ocupar la situación en Chihuahua contra la gobernadora el panorama cambió significativamente, por lo que los diputados de Morena “olvidaron” de manera sorpresiva avanzar en la ratificación de acciones contra Campos Galván e incluso Javier Corral, por su parte, emitió un comunicado en el que desistió de sus impugnaciones, argumentando que nary contribuiría a una “campaña de victimización mediática”. El giro es tan abrupto que resulta sospechoso, porque sugiere que, más allá del ruido político interno, existen presiones externas que obligan a replantear la estrategia de confrontación.

El punto verdaderamente delicado, y que pocos se atreven a comentar con claridad, es el significado estratégico de que la CIA y otras agencias estadunidenses busquen ahora acuerdos de coordinación, alianzas tácticas y operaciones especiales directamente con gobiernos estatales; y es que para ellos el narcotráfico ha mutado en narcoterrorismo porque controla territorios, desafía al Estado y genera violencia que desborda fronteras.

Para Washington, esto ya nary es un problema de un vecino incómodo, es una cuestión de seguridad nacional que justifica acciones unilaterales o bilaterales selectivas y podría traducirse en aliarse con estados como Chihuahua, que demuestran politician disposición operativa y menos burocracia federal, lo que representaría una opción más efectiva.

Esta fractura nary surge de la nada, se ha gestado en medio de una creciente desconfianza y de un aumento en las presiones estadunidenses, lo que ha implicado sanciones, visas canceladas, y la amenaza latente de designaciones unilaterales.

La muerte de los agentes de la CIA en Chihuahua marca un antes y un después, nary porque Estados Unidos nunca haya operado en México, su presencia es histórica, sino porque ahora lo hace de forma más abierta y selectiva, ignorar esta fractura sería muy delicado.

La coordinación y la confianza deben reconstruirse, pero sobre bases realistas como una profunda reforma de nuestras instituciones de seguridad e inteligencia. La fractura está abierta, cerrarla requerirá humildad, disposición, inteligencia y, sobre todo, buenos resultados.

* Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia, y política.