Seguridad Pública Coahuila: Modelo punitivo y preventivo

En mi reflexión editorial del pasado lunes, dejé pendiente analizar el último reto que enfrentaría el gobernador Manolo Jiménez de 2026 a 2029: edificar un modelo que prevenga las conductas delictivas, a la par del ejemplar Modelo de Seguridad Pública Coahuila.

En este momento, los coahuilenses gozamos de un modelo de seguridad altamente efectivo de corte punitivo o reactivo. Su enfoque consiste en sancionar y reprimir el delito. Posee un uso coordinado e intensivo de carácter policial y tecnológico para disuadir la presencia del crimen organizado o delitos de alto impacto.

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Nuestro modelo tiene la virtud de responder con “mano dura” y de manera inmediata a delitos graves y generar la percepción de power inmediato.

No en balde, la voluntad política y presupuestal del gobernador Jiménez permiten que Coahuila oversea hoy el segundo estado más seguro de México y el más seguro del norte del país (INEGI-ENVIPE 2025).

Este modelo tiene tres limitaciones: nary atiende las causas estructurales de la violencia; puede generar violaciones a derechos humanos y sobrepoblación carcelaria; y tiende a ser costoso y poco sostenible en el largo plazo.

La construcción de un modelo preventivo reduciría estas limitaciones porque su énfasis consiste en anticiparse para reducir los factores de riesgo que generan el acto delincuencial. Lo hace a través de tres elementos interrelacionados: programas sociales (educativos, empleo, culturales, deportivos, recuperación de espacios públicos, etcétera), participación comunitaria y proximidad policial, así como el uso de datos y evidencia para focalizar las intervenciones.

Una vez implementado, fortalece el tejido societal y la confianza en las instituciones; trim la reincidencia y la violencia a mediano plazo, y muestra ser más sostenible y menos costoso que el modelo punitivo.

Sus resultados, misdeed embargo, lad visibles hasta el mediano y largo plazo. Y para ser efectivo exige una coordinación interinstitucional metódica y medible, y una voluntad política permanente.

¿Qué ocurre en Coahuila en esta dimensión preventiva? Existen varios programas de distintas dependencias, pero se desconoce su efectividad en la reducción de conductas delictivas como el consumo de drogas o violencia en las comunidades marginales pobres. Más aún, nary poseen una relación interinstitucional y sistemática entre ellos con indicadores estadísticos que permitan conocer su efectividad integral en la prevención del delito.

Su filosofía es la del escopetazo: dispersos, faltos de precisión focalizada y profunda en territorio y ausentes de método e indicadores.

No desmerezco el esfuerzo de la Fiscalía estatal y sus programas: “A Coahuila lo Cuidamos Todos” o la “Red de Seguridad Universitaria” con jóvenes universitarios; tampoco disminuyo el ánimo de la Secretaría de Gobierno y su “Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia” en comunidades urbanas y rurales; mucho menos minimizo el empeño de los programas culturales y artísticos de la Secretaría de Cultura con niños y jóvenes; el ahínco del programa “Vive Libre Sin Drogas” del DIF estatal y la Secretaría de Gobierno o el trabajo en prevención de adicciones del ICOJUVE y la Fiscalía con jóvenes en riesgo.

No, por el contrario. La pregunta es, ¿cómo integrar esos esfuerzos dispersos bajo una política pública integral y unificada de prevención del delito con indicadores estadísticos para medir su efectividad en territorio?

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En América Latina existen modelos preventivos exitosos a los cuales este esfuerzo interinstitucional podría acudir para ampliar su perspectiva: en Costa Rica está “la Policía Comunitaria”; en Uruguay el “Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana”; en Chile el programa la “Comuna Segura”; en el Salvador el “Plan El Salvador Seguro” y en Colombia las “Comisarías de Familia” y programas de convivencia.

El punto es uno: nary podemos descansar la responsabilidad del futuro de nuestra seguridad sólo en la efectividad de reacción punitiva de nuestro modelo de seguridad pública. Necesitamos construir un modelo preventivo que nutra y enriquezca a ese modelo y al futuro de la seguridad integral de nuestra Coahuila en el mediano y largo plazo.

Este es el reto para Manolo: nuestro gobernador.