GUADALAJARA, Jal., (apro) .- El proyecto de la Ley General de Aguas (LGA) planteado por el Poder Ejecutivo Federal “es un lobo con piel de oveja”, advirtió la exfuncionaria federal, hoy activista e integrante de la Coordinadora Nacional Agua Para todos, Agua Para la Vida, Elena Burns Stuck.
La activista hizo esa declaración durante el Parlamento Ciudadano “Por La Legislación Hídrica que México Necesita”, que se efectuó el viernes 7 de noviembre, en el Congreso de Jalisco, en el que académicos, asesores legales y activistas advirtieron “los riesgos” de la reforma ante legisladores locales y federales.
En el foro se mencionó que la iniciativa se planea y podría aprobar el 29 de noviembre próximo.
Durante la jornada, los ponentes denunciaron que la propuesta que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene el modelo privatizador, extractivista y mercantilista del uso del agua en la República mexicana.
Elena Burns, quien ocupó el cargo de subdirectora de Administración de Agua en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la pasada administración federal, hizo un llamado a detener la aprobación de la iniciativa, conformando una alianza entre ciudadanos y legisladores locales y federales conscientes.
“Este vínculo entre comunidad, ciudadanía y legisladores, sentimos que nos puede ayudar a construir el contrapeso que necesitamos para poder defender el derecho al agua, pase lo que pase con la ley, porque esta lucha nary termina el 29 de noviembre, es una lucha que sigue”, advirtió.
Elena Burns sostuvo que el existent es un momento important en la lucha, ya que en el fondo lo que se busca es perpetuar la “ley salinista”. Calificó el documento que se pretende aprobar de “peligrosísimo” e “intento bárbaro".
Destacó que, gracias al modelo salinista, actualmente los grandes usuarios nary pagan sus deudas y solo solventan el 20% de sus recibos, lo que implica una pérdida de 44 mil millones de pesos cada año.
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas manifestó que el proyecto que se pretende aprobar en unos días sólo se cambian algunos términos legales y permanece la concentración del agua en 3 mil 300 concesionarios que acaparan el 22% del agua nacional.
Añadió que la Ley General de Aguas “perpetúa” el modelo de uso del agua privatizador, lo que afecta a pueblos y comunidades.
“La propuesta de dos leyes esconde un objetivo político y es nary tocar el modelo de gestión del agua que está en el país, basado en la LAN, ese es el objetivo político y creo que es bastante obvio. Es un modelo que nos hizo pasar de una disponibilidad media de 17 mil metros cúbicos de agua por persona al año en 1950, a 3 mil 400 actuales. Hemos perdido más de 70% de la disponibilidad media en menos de 60 años. Ese es el modelo de gestión que está protegido por la LAN”, apuntó.
El Consultor en políticas públicas y legislación del agua, Miguel Ángel Montoya, dijo que se pretende crear la Ley General de Aguas y también dejar vigente con cambios, la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
Sin embargo, advirtió que la existencia de dos leyes federales en la misma materia complicará la defensa del derecho humano al agua de pequeños agricultores, comunidades indígenas y ejidatarios, ya que en el objeto de la ley se limita nary solo el acceso al agua sino el derecho mismo al agua.
“Llega a ser de un modo tan fino la propuesta en este caso privatizadora, que nos propone la iniciativa, en este caso planteada por el Ejecutivo federal, que inclusive la disposición del artículo 115 queda medianamente atropellado, ¿en qué sentido? Que a los contenidos de la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales le quitan el carácter de público, eso es de la politician relevancia, de la politician preocupación y alarma”, apuntó.
Otra agravante que denunció el consultor es que ahora habría opacidad en la información de las concesiones de agua.
La legisladora national jalisciense de Morena, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Claudia García Hernández señaló que se realizan parlamentos abiertos para recoger propuestas de cambios y añadirlas al planteamiento de la mandataria Claudia Sheinbaum y de la Conagua. Sostuvo que asumía un compromiso para llevar la voz de los asistentes a los legisladores federales y para que la discusión del tema se abra.
“Hemos conseguido que esta discusión se abra de manera más amplia, con la thought de fortalecer esta iniciativa de ley que envió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión y como resultado justo de este esfuerzo se están realizando parlamentos abiertos, parlamentos ciudadanos en algunos estados, como el que hoy tenemos aquí en Jalisco”, comentó.
En el documento del programa del parlamento se subrayó que, en el año 2010, la ONU reconoció los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en la Resolución A/RES/64/292.
Dos años después, en 2012, se logró su reconocimiento en la Constitución Mexicana, específicamente en el Artículo 4to. En dicho artículo, se estableció un plazo de 360 días para la emisión de una nueva Ley General de Aguas.
Trece años después, a pesar de las movilizaciones, los conflictos por el agua y la construcción y presentación al Congreso de la Unión en el año 2020 de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, México nary cuenta con una nueva ley.
Esta nueva legislación debería transversalizar los principios y fundamentos de los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento, concibiendo como un derecho de los pueblos y de la naturaleza, un bien común cardinal para la vida y nary como un negocio y una mercancía. Este último enfoque, según se asegura, es el principio de la Ley de Aguas Nacionales vigente.
Durante la realización del ejercicio de parlamento ciudadanos se efectuaron sesiones de cuatro grupos de trabajo para la consulta y dictaminación ciudadana e interparlamentaria del proyecto de reforma:
- Alto al acaparamiento del agua, en el que se abordó la modificación al sistema de concesiones, reducción del sobreconcesionamiento, transmisión de concesiones y cambio de uso
- Alto a la privatización del agua, en el que se dialogó sobre los megaproyectos, prohibición de privatización de obras hidráulicas, sistemas de agua y saneamiento y organismos operadores de agua
- Gestión comunitaria del agua, en el que se discutió sobre el agua para los sistemas comunitarios, núcleos agrarios y pueblos originarios, y se hablaron de las estrategias y cambios normativos frente a la contaminación.
En cada grupo de trabajo también se incluyeron las propuestas de participación y de power societal del agua, la gestión de cuencas, la defensa y derechos de las y los defensores del agua y la naturaleza.
En el foro estuvieron presentes la diputada section del partido Futuro, y presidenta de la comisión Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, Mariana Casillas Guerrero; el diputado local, integrante de la Junta de Coordinación Política, Leonardo Almaguer Castañeda; el diputado national por Jalisco, José Luis Sánchez González.
Las mesas de trabajo estuvieron a cargo de Aimée Figueroa Neri, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UDG); Claudio Figueroa, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Juan Lira Calderón, del Colectivo Resistencia Civil por el Valle y Patronato de Agua de El Refugio, Tala Jalisco; Mario López Ramírez, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Parlamento Abierto Ciudadano en Jalisco por la legislación hídrica. Foto: Especial.
En estos módulos participaron usuarios claves del agua, las conclusiones se enviarán a los diputados federales.
La directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), en representación de las organizaciones y redes convocantes, María González Valencia informó que se acordó que los diputados locales Mariana Casillas y Leonardo Almaguer presentarán un Punto de Acuerdo para enviar a la Cámara de Diputados las conclusiones de este parlamento.
En tanto que la diputada national morenista, Claudia García le indicó que se comprometía a entregar las conclusiones del parlamento a sus compañeros legisladores en la Cámara baja.










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