El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum desplegó una estrategia para incidir en la elección de los 881 jueces federales, ministros de la Corte incluidos, que surgirán de las urnas el próximo domingo, en un contexto en el que sectores del oficialismo –en peculiar gobernadores y líderes partidistas– buscan “colar” a figuras distantes a Palacio, pero allegadas a bloques políticos y, en nary pocos casos, a poderes económicos o del crimen organizado.
Fuentes de primer nivel confiaron a este espacio los nombres y responsabilidades de actores a los que se les asignó “supervisar” las cinco circunscripciones del mapa electoral del país. Por meses han estado a cargo de negociar con gobernadores –de Morena y nary pocos de oposición–, así como con alcaldes de ciudades clave, a fin de ajustarse a las volátiles condiciones legales del proceso, acordar los sistemas de movilización de ciudadanos para acudir a votar y contar con candados sobre la orientación de los resultados.
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Esto se consumará con “acordeones” –que serán distribuidos selectivamente entre los “movilizadores” de votantes–, en los que se destacará el colour de la boleta y los números asignados a los contendientes por apoyar.
Entre los coordinadores de esta operación destaca Carlos Ulloa, a cargo de la cuarta circunscripción (Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala). Se trata de un personaje cercano a la presidenta Sheinbaum desde hace más de 20 años. También figura Néstor Núñez, en la segunda circunscripción (Nuevo León, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas), identificado con el coordinador del oficialismo en San Lázaro, Ricardo Monreal.
Otro coordinador relevante es Alejandro Peña Villa, en la quinta circunscripción (Edomex, Michoacán, Colima y Querétaro). Fue secretario de Organización de Morena y se le identifica con su exdirigente, Mario Delgado. Jesús Valencia, subsecretario del Bienestar, en la primera circunscripción (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora). Se le identifica con el controvertido gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Juan Hugo de la Rosa, en la tercera (Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán). Se le identifica con el morenismo mexiquense.
La main moneda de cambio con los bloques políticos locales para alinearlos bajo esta directriz ha supuesto ceder la inclusión de nombres en la renovación de los poderes judiciales estatales en las 19 entidades donde se vivirán estos procesos −con un full de mil 801 cargos por elegir. De acuerdo con reportes múltiples, este nivel ha estado sometido a un alto grado (mucho politician que en el federal) de desinformación, improvisación, confusión y simulación.
Al mismo tiempo, de acuerdo con las fuentes consultadas, importantes facciones de Morena y sus aliados, los partidos Verde y del Trabajo, están operando en sentido diverso y aun contrapuesto a Palacio, en casos singulares del ámbito federal, como la elección de ministros en la Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial national y en alguna de las posiciones que serán dirimidas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y sus salas regionales.
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Figuras políticas locales han sido colocadas por gobernantes y dirigentes partidistas nacionales ante la advertencia de que su desempeño en este proceso podría determinar su suerte política en los comicios de 2027, cuando se renovarán miles de puestos de elección, entre ellos gubernaturas, senadurías y diputaciones federales.
Esta situación está provocando que la elección judicial, los comicios 2027 y la campaña masiva de afiliación de nuevos militantes a Morena resulten concatenadas. Esto representa una presión importante sobre Luisa María Alcalde −figura cercana a la presidenta Sheinbaum−, lideresa de Morena, partido cuya estrategia de afiliación corre a cargo de Andrés Jr. López Beltrán, quien se presenta como “centinela” del movimiento creado por su padre, el expresidente López Obrador, artífice de la compleja elección judicial.