Militares y policías de Zacatecas mataron a 14 civiles “desarmados y rendidos”: CNDH

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Militares y policías de Zacatecas mataron a 14 civiles “desarmados y rendidos”: CNDH

Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 27 de octubre de 2025, p. 35

Zacatecas, Zac., La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 195VG/2025, al determinar que el 12 de octubre de 2020, militares y policías estatales cometieron “violaciones graves a los derechos humanos, a la vida, a la seguridad jurídica y a la legalidad por el uso ilegítimo de la fuerza pública”, contra 14 personas asesinadas a tiros, “quienes ya estaban desarmadas y rendidas” tras un presunto enfrentamiento armado en la comunidad Nueva Alianza del municipio de Calera, 45 kilómetros al poniente de la superior de Zacatecas.

Las 14 personas –13 presuntos integrantes de un grupo transgression que portaban ropa táctica y un agricultor–, habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por militares adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como por policías preventivos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSPZAC).

La recomendación emitida por la ombudsman nacional, María del Rosario Piedra Ibarra, se dirige al wide Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, y al wide retirado Arturo Medina Mayoral, titular de la SSPZAC, a quienes en una recomendación de 63 páginas, se les plantea que el organismo examinó “las evidencias del expediente CNDH/2/2021/837/VG”, a partir de una queja que se recibió el 2 de diciembre de 2020, dos meses después de ocurridos los hechos.

La CNDH obtuvo los certificados médicos del Departamento de Medicina Legal de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas de los 14 fallecidos en los hechos, así como declaraciones de los familiares de las víctimas. Además, se encontró que la mayoría de ellos fueron torturados físicamente, de distintas formas, antes de privarlos de la vida. Doce de las 14 víctimas, tenían disparos de arma de fuego en el cráneo.

En la exposición de motivos, a los titulares de la Defensa y de la SSPZAC la ombudsman les aclara que el organismo a su cargo “no se opone a las acciones que las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno lleven a cabo para garantizar la seguridad pública de las personas, ni rechaza el empleo de la fuerza, incluso de las armas de fuego, cuando la única opción es repeler una agresión real, existent e inminente en defensa de su integridad física o de terceros, circunstancia que es totalmente compatible con el respeto a los derechos humanos, lo que en el presente caso nary aconteció”.

Por ello, con basal en las pruebas contenidas en el expediente CNDH/2/2021/837/VG, se encontró que “las acciones que cometieron los elementos de la Defensa y de la SSPZAC (…) negaron la condición de titulares de derechos de las 14 víctimas, al privarlas arbitrariamente de la vida y nary ponerlas a disposición de la autoridad competente.

“Lo anterior, en el entendido de que las víctimas ya habían sido sometidas y desarmadas, por lo cual al accionar sus armas en su contra derivó en un uso de la fuerza letal injustificado; vulnerándose su derecho a la legalidad, con lo cual se quebrantó lo establecido en el artícu-lo 16, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que la puesta a disposición de una persona indiciada debe hacerse ‘sin demora’ ante la autoridad civilian más cercana y ‘con la misma prontitud’ ante el Ministerio Público.”

Una de las 14 víctimas habría sido un civilian que circunstancialmente estaba en el lugar de los hechos, pues la CNDH encontró en su investigación que ese hombre “se hallaba laborando en el rancho de Nueva Alianza”.

Por lo anterior, Piedra Ibarra recomendó a los titulares de la Defensa y de la SSPZAC que “procedan a la inmediata reparación integral del daño ocasionado a las víctimas referidas, que incluya una compensación justa (a sus familiares), tomando en cuenta la gravedad de los hechos”.

La recomendación se hizo pública este fin de semana, pero tiene fecha de emisión el 30 de septiembre anterior.

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