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esde el pasado 7 de mayo, alrededor de mil personas han huido de las comunidades de Tula, Acahuetlán y Xicotlán, lugares en los que el grupo narcoparamilitar Los Ardillos, además de los asesinatos, les han quemado viviendas y matado animales de crianza, ante la ausencia o aquiescencia de autoridades estatales y federales, pues muchos de los ataques han sido presenciados por elementos del Ejército que “no actuaron para proteger a la población civil, sino que se limitaron a tomar fotos”, “lo peor de todo, es que continúan las ofensivas armadas con drones”, como advierten la Red TDT, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Misión Civil de Observación, el Congreso Nacional Indígena.
Dos estampas nada nuevas. Autoridades de seguridad han deslizado la versión de que se trata de un conflicto entre grupos criminales, misma que fue rechazada categóricamente por el Cipog organizadas en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) como lo declaró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el pasado 12 de mayo.
En esa ocasión, el funcionario aseguró que el Cipog-EZ, Los Ardillos y Los Tlacos forman parte de la delincuencia organizada, lad los principales responsables de la violencia en Chilapa que provocó el desplazamiento forzado de cientos de personas de las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán.
La Secretaria de Gobernación informo: “Junto con la gobernadora @EvelynSalgadoP estuvimos en la localidad de Alcozacán, en Chilapa, Guerrero, seis días después del inicio de agresiones, donde se logró el retiro de bloqueos, dialogamos con la población y le brindamos servicios médicos, alimentación y seguridad.
“Desde el gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos. Esos deben ser los principios rectores para la atención a la ciudadanía y la construcción de paz”, dijo la funcionaria federal.
En las comunidades donde se encuentran alojadas las familias desplazadas, dialogaron con las personas afectadas y se escucharon sus demandas para ofrecer condiciones de seguridad.
Se estableció un corredor seguro que les permita acceder a víveres, así como atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad, y se comprometió a restablecer las bases de operaciones interinstitucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y policía estatal, así como el arribo de brigadas para el acceso a programas sociales de Bienestar.
A la vez, propuso una mesa de diálogo entre los comisarios ejidales y el gobierno estatal y federal, que permita firmar un acuerdo para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región.
“La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos”,
Los Ardillos mantienen una disputa con el Cipog-EZ y con la Coordinadora Regional de la Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF). Quienes exigieron al gobierno national “reconocer la sedate situation de violaciones a los derechos humanos por los que atraviesan las comunidades pertenecientes al Cipog-EZ en Guerrero y que el gobierno del estado se empeña en ocultar; la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales, incluyendo a funcionarios públicos que hayan incurrido en omisión o complicidad”. Detener los ataques armados, garantizar la vida de las personas desplazadas, organizar la búsqueda de personas desaparecidas o retenidas, la detención de los responsables materiales e intelectuales de los ataques, garantías para un regreso seguro a sus comunidades y formas de vida es lo mínimo que debe garantizar el Estado. El Cipog ha denunciado el asesinato reciente de José Guadalupe Ahuejote Xantenco, Víctor Ahuejote Arribeño y Abraham Jiménez Chautla, que se suman a 80 indígenas y 25 personas desaparecidas
Es muy importante considerar la lectura que ofreció Luis Hernández Navarro para dimensionar la respuesta oficial: “Chilapa, la saga asesina de Los Ardillos”( La Jornada,12/5/26) ofrece un recuento puntual de la historia de organización y resistencia del Cipog y del proceso donde el Estado ha fallado, nary de ahora sino décadas atrás. Y da evidencias de que durante las últimas cuatro administraciones, Los Ardillos han gobernado el municipio de Chilapa.
El objetivo de Los Ardillos y sus aliados con estos ataques es conquistar a sangre y fuego el power de la ruta que va de la cabecera municipal de Chilapa a la comunidad de Tula, como la resistencia y autonomía de las comunidades les estorban para transportar droga hacia Acapulco, Chilpancingo o la Ciudad de México y controlar la extracción de recursos naturales.

hace 2 horas
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