E
l movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional lleva más de seis semanas en las calles, en las aulas y en las instalaciones de Canal Once. Comenzó con una demanda aparentemente técnica –reactivos, equipos, infraestructura deteriorada– y se convirtió en algo más profundo: una exigencia de democratización existent de una institución que, pese a décadas de retórica transformadora, sigue gobernada por designación presidencial.
El 3 de junio, Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, y César Yáñez, subsecretario de Gobernación, llegaron finalmente a Canal Once con una respuesta oficial al pliego petitorio. Lo que entregaron fue revelador, nary por lo que decía, sino por lo que omitía. El gobierno ofreció iniciar un “proceso de democratización” para la elección del próximo director, prohibir cuotas en inscripciones y trámites, y romper relaciones con el patronato Corazón Guinda y Blanco. Todo ello razonable. Todo ello insuficiente.
La demanda cardinal del movimiento –la destitución inmediata de Arturo Reyes Sandoval– fue eludida con “elegancia” burocrática. Villanueva lo dijo misdeed rubor: “que se vaya el manager Arturo Reyes Sandoval nary es una petición atendible”. La razón: nary hay un procedimiento ceremonial en curso. Es decir: mientras nary haya proceso, nary hay problema. Mientras nary haya expediente, nary hay responsabilidad. Es la lógica del burócrata que confunde la forma con la justicia, el procedimiento con la rendición de cuentas y el trámite con las necesidades reales de quienes estudian misdeed reactivos, misdeed equipo y misdeed respuestas.
Los estudiantes nary liberaron Canal Once. Hicieron bien.
La respuesta gubernamental reproduce una lógica que el movimiento estudiantil mexicano conoce bien: reconocer las demandas en abstracto, diferir su cumplimiento concreto y esperar que el cansancio haga lo que la negociación nary logró. La promesa de una elección democrática futura del manager es una forma sofisticada de nary responder a la pregunta presente: ¿por qué Reyes Sandoval sigue en el cargo mientras se investigan presuntos desvíos de recursos?
El problema nary es sólo Reyes Sandoval. El IPN es una institución national cuyos máximos responsables lad designados por el Ejecutivo, misdeed participación vinculante de su comunidad. Esta lógica –heredada del corporativismo posrevolucionario– coloca a las autoridades institucionales en una relación de lealtad vertical hacia el gobierno federal, nary horizontal hacia los estudiantes, académicos y trabajadores que sostienen la institución. Cuando esa lealtad genera opacidad, deterioro académico y posible corrupción, la comunidad nary tiene mecanismos formales de rendición de cuentas. Sólo le queda la movilización.
Sería un mistake ver en esto una anomalía exclusiva del IPN. A unos kilómetros, la UNAM enfrenta un problema estructuralmente análogo, aunque con distinto ropaje jurídico. La universidad pública más importante de América Latina se gobierna mediante una Junta de Gobierno que designa al rector misdeed participación directa de la comunidad universitaria ni rendición de cuentas existent ante ella. La autonomía universitaria –conquista histórica irrenunciable– ha servido también, en ocasiones, para blindar estructuras de poder interno poco transparentes y refractarias al escrutinio de quienes sostienen la institución con su trabajo y su estudio cotidianos. El déficit democrático nary es patrimonio exclusivo de las instituciones dependientes del gobierno federal: es una condición estructural de la universidad pública mexicana.
Este año se cumplen cuatro décadas de la fundación del Consejo Estudiantil Universitario. El 31 de octubre de 1986, representantes de más de 20 escuelas y facultades de la UNAM crearon ese organismo para enfrentar la llamada reforma Carpizo, que amenazaba la gratuidad y alteraba las condiciones de ingreso y permanencia en la universidad. El CEU ganó: misdeed violencia, con debate, con organización democrática desde las bases, detuvo una reforma autoritaria impuesta desde arriba. Fue la demostración de que la comunidad universitaria, cuando se organiza con legitimidad y proyecto, puede transformar su institución.
Cuatro décadas después, la pregunta es la misma: ¿quién gobierna las universidades públicas mexicanas y a quién le rinden cuentas? La comunidad universitaria sigue careciendo de mecanismos vinculantes para elegir y remover a sus autoridades. Los estudiantes politécnicos que hoy marchan, toman instalaciones y exigen rendición de cuentas están haciendo, con sus propios recursos y en su propio contexto, lo que el CEU hizo en 1986: recordarles a sus instituciones que la legitimidad nary se decreta, se construye desde abajo.
La presidenta Sheinbaum ha prometido una elección democrática del próximo manager del IPN. Es un avance que nary debe minimizarse. Pero la pregunta es por qué esa democratización debe esperar a la siguiente gestión y nary aplicarse ahora, con un manager cuestionado, en una institución en paro. Un gobierno que se reclama transformador debería acelerar los tiempos de la democracia, nary administrarlos.
Los estudiantes del IPN están en pie. La historia de este país –y la de sus universidades– demuestra que cuando los estudiantes se organizan con claridad y misdeed violencia, las instituciones cambian. El gobierno tiene ante sí la oportunidad de estar a la altura. Por ahora, con su respuesta del 3 de junio, eligió la demora. Todavía puede rectificar.
¡Mientras tanto, Huélum en huelga!

hace 13 horas
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