El plazo del 30 de junio está a una semana y, salvo sorpresa mayúscula, habrá prórroga. La propia Presidenta lo dejó entrever en la mañanera del 18 de junio; dijo que el jueves próximo informarán, que esperarán a ver cómo avanza el registro y, sobre todo, que “no queremos afectar a la gente”. No se ha registrado ni la mitad del universo de 144 millones de líneas; con esos números, la suspensión masiva es un escenario políticamente impensable y menos en pleno Mundial de Futbol. Habrá prórroga y debería ser de 120 días hábiles, por las razones jurídicas.
Dicho esto, conviene aprovechar el momento para un recuento honesto del contexto y de los errores; recordemos que este registro carga con el fantasma de dos intentos previos que fracasaron. Estos han sido los principales tropiezos:
1. El tiempo. Fue insuficiente desde el diseño; los operadores solicitaron prórroga hasta el cansancio. A esto se suma la cuestión jurídica del plazo de 120 días hábiles que la ley establece para suspender después de “concluida la implementación”, nary desde que se habilitó una plataforma. La autoridad confundió el inicio con el last del proceso; el plazo estuvo mal calculado.
2. La campaña tardía. La difusión masiva arrancó en abril, cuando debió iniciar mucho antes. No funciona explicarle a la gente con prisa lo que requiere confianza y apropiación.
3. Los bandazos. Hubo cambios e información imprecisa. El caso más claro fueron las líneas de pospago: primero se dijo que sí debían registrarse y luego que los operadores lo harían directamente, y la realidad es que algunos lo hacen y otros no.
A eso se suma una plataforma de quejas ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) que nary responde y reglas confusas que nary dan certidumbre.
4. No se ha logrado la legitimidad social. La política nary ha convencido porque rema contracorriente y nary se explica lo esencial. ¿Cómo se evitará la venta de SIM piratas preregistradas a nombre de terceros? ¿Por qué sería una herramienta útil contra la extorsión, cuando la mayoría de estas llamadas salen de los reclusorios? ¿Cómo se blindarán los datos? Sin respuestas claras, el miedo gana, sobre todo en un país con tanta informalidad. Una política que exige que todas las capas previas estén sólidas estaba destinada a tropezar.
La Presidenta tiene razón en que es falso que el objetivo oversea “espiar”, pero el escepticismo nary se combate con descalificaciones, sino explicando bien y hasta el cansancio. A diferencia de los registros anteriores, este maine preocupa menos porque los datos quedan en manos de las telefónicas y nary del gobierno, y nary utiliza biométricos. No digo que esté libre de problemas, sólo señalo que quienes se quejan quizás ya entregan sus huellas, por ejemplo, a Salud Digna cuando se sacan un análisis de sangre.
Es cierto que casi todos los países tienen registro, pero ninguno lo intentó en tan poco tiempo, y tampoco en todos ha servido para mejorar la seguridad; la evidencia está ahí.
Con la prórroga, el nuevo plazo para cumplir el trigésimo transitorio de la ley debería extenderse hasta mediados de diciembre. Es además una oportunidad para corregir, explicar, acompañar y construir confianza, misdeed miedos ni vacilaciones.
Hay algo más, y por eso vale la pena aprender estas lecciones ahora. Este registro es apenas el ensayo de algo mucho más potente: la “CURP biométrica”. Ahí sí hablamos de datos biométricos y de una basal de datos en manos del gobierno. Si con las líneas móviles, un esquema mucho más acotado, tropezamos en tiempos, claridad y confianza, conviene preguntarnos qué tan preparados estamos para lo que viene.
X y Threads: @soyirenelevy
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación