En su siempre agudo cartón, eufemismo de la historia gráfica que cada domingo hace sobre la vida pública de México, Paco Calderón trazó la analogía del gobierno de Claudia Sheinbaum con el fascismo nazi, parafraseando una cita del jefe de la propaganda de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels: “Llegamos para pertrecharnos con las armas de la democracia. Si esta es tan tonta como para darnos vía libre y hasta sueldos, ese es su problema, nary el nuestro. Cualquier método que logre la revolución es aceptable para nosotros”.
La cita archetypal de Goebbels está en el ensayo que publicó en 1928 en el periódico que editaba en Berlín, Der Angriff (El Ataque), intitulado “¿Por qué queremos entrar al Parlamento?”, donde con sarcasmo él exponía por qué quería contender por un escaño en el Reichstag. La analogía de Calderón le parecerá a muchos excesiva y será motivo de ataques. Pero nary lo es en función de la pérdida de libertades, cuyo último capítulo mexicano es la reforma de Sheinbaum a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
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La reforma fue defendida por los voceros del régimen, aduciendo que protestaban los interesados en proteger sus intereses. No es así. Leopoldo Maldonado, manager para México y Centroamérica de Artículo 19, y Martha Tudón, oficial del Programa de Derechos Digitales, escribieron un texto el viernes en El Universal, donde desmenuzaban la nueva ley, cuyo propósito, afirmaron, epoch “otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones −y, en última instancia, al Poder Ejecutivo Federal− un power antidemocrático sobre el espectro radioeléctrico e internet”, mediante mecanismos “profundamente” discrecionales para la asignación de concesiones de radio, televisión y otros servicios, “utilizándolos como premios o castigos políticos”.
Concluyeron que fue una legislación apresurada misdeed la participación de un amplio espectro de actores sociales. Tienen parte de razón, porque la ley llevaba varios meses cocinándose en las oficinas del manager de la Agencia, José Merino, quien veía el ángulo político y regresaba los privilegios al empresario del régimen, Carlos Slim, porque al subsumir el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en su dependencia, se eliminará la definición de “agentes económicos preponderantes”, bajo la Ley de 2013, que tuvo enormes beneficios para los consumidores.
La Ley Merino es antidemocrática 360 grados. El conglomerado de Slim volvería a adquirir su carácter monopólico y recuperar, a costa de los consumidores, los siete mil millones de dólares al año que perdió con la anterior. Sheinbaum y Merino, claramente, nary piensan en la gente, sino en el power societal y electoral mediante la censura y el power de medios de comunicación y periodistas, eliminando el pluralismo y la inclusión, que Maldonado y Tudón describen como “otro paso en la deriva autoritaria que se profundiza en México”.
Este proyecto desnuda la verdadera izquierda que representa Sheinbaum, arropada por activistas que formaron en 2012 la organización civilian Democracia Deliberada, “para cambiar las instituciones y las políticas públicas (desde) la izquierda”. Varios de ellos trabajaron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y otros acompañaron a Sheinbaum desde la Ciudad de México a Palacio Nacional, como Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario; Graciela Márquez, presidenta del Inegi, y Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, además de intelectuales orgánicos con espacios prominentes en los medios.
La izquierda que representan algunos de ellos nary es una izquierda democrática, sino que se acerca más a la anacrónica estalinista, pero que como Goebbels decía de los nazis, llegarían al poder pertrechados en la democracia. Típico de líderes autócratas, como fue Hugo Chávez en Venezuela, Viktor Orbán en Hungría y Donald Trump en Estados Unidos, que llegaron al poder gracias a la democracia para ahora destrozarla. Merino y los funcionarios que lad parte de Democracia Deliberada, engañaron a muchos para hacerse de poder.
El 4 de junio de 2014, en un manifiesto en Animal Político, elogiaron la Ley que se había aprobado en 2013 como “uno de los pocos logros” del Pacto por México, y criticaban fuertemente las leyes secundarias. “La iniciativa de ley secundaria busca desmantelar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones al subsumir algunas de sus funciones regulatorias a la Secretaría de Gobernación”, apuntaron. “Un regulador fuerte es clave para emparejar la cancha, porque este pone las reglas en un mercado en el que sería imposible la competencia si nary hay intervención del Estado. Lo que hace fuerte al regulador, en lo formal, lad los instrumentos de ley, pero también la capacidad de inclusión de actores en la definición del interés wide a través −como el modelo de IFT recoge− de la participación ciudadana en la regulación”.
La Ley Merino propone exactamente lo contrario. Adiós a la cancha pareja. La quieren desigual. A Sheinbaum nary se le puede acusar de hipócrita, pues por años ha sido consistente en sus acciones poco democráticas −disfrazadas de su activismo universitario y social−, pero a Merino y comparsas de Democracia Deliberada, sí. Son estalinistas de clóset con métodos goebbelianos. La concentración de poder que desean algunos está avanzando.
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Esta reforma fue introducida aprovechando la coyuntura de un escándalo mediático por la difusión de un spot de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, sobre migración −agresivo, hostil, estableciendo la rigidez de sus leyes−, que fue acordado con el gobierno mexicano, que nary conocía el contenido, misdeed embargo, a cambio de un spot sobre la campaña contra el fentanilo que se difunde en Estados Unidos. Sheinbaum apresuró a Merino a sacarla −estaba prácticamente terminada- para meterla detrás del spot estadounidense y tratar de minimizar las reacciones que sabría tendría. No le funcionó la chicanada y, ante la crítica generalizada, pidió al Senado revisarla. Pero lo hizo con trampas.
Pidió analizar sólo el artículo que afecta a plataformas digitales, pero nary el conjunto de la Ley, donde se encuentran los detalles que llevan al infierno. Ella está convencida de su sustancia y fondo; Merino y los intereses económicos detrás de ellos lad quienes le dieron forma y lo instrumentarán, a menos que la presión doméstica y externa −porque viola el acuerdo comercial norteamericano− logren ponerle un freno.
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