En 31 municipios de Jalisco han detenido a policías por desaparición forzada

El mecanismo suele ser el mismo. Policías municipales interceptan a un civilian en circunstancias que argumentan sospechosas, lo revisan, lo suben a vehículos oficiales y nadie vuelve a saber sobre él. Boletín tras boletín, la Fiscalía General del Estado de Jalisco ha narrado algunos de los casos por los que elementos de 31 de sus 125 comisarías han sido procesados o acusados de incurrir en uno de los delitos que más aqueja a la entidad: la desaparición forzada.

Algunas de dichas policías municipales se ubican en zonas donde se ha documentado una alta influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero también, en los límites de estados como Michoacán y Guanajuato donde la organización delictiva mantiene rencillas con grupos criminales foráneos.

Comisiones defensoras de derechos humanos se refieren a la desaparición forzada como un mecanismo institucionalizado desde el poder para privar a una persona de su libertad, ocultarla y negar cualquier información sobre su paradero. Si bien Jalisco ha sido durante décadas zona de power de algunas organizaciones delictivas que operan en el país, es la participación de policías municipales en el delito lo que ha encendido las alertas entre la población civil.

Lo constante del involucramiento de policías municipales en casos de desaparición forzada en Jalisco ha orillado al gobierno estatal a intervenir en algunas de las comisarías para supervisar exámenes de confianza de sus integrantes y líderes o, en algunos casos, para reestructurarlas por completo. No obstante, las diligencias emprendidas han resultado insuficientes para combatir su debilidad institucional.

Los policías municipales y la desaparición forzada en Jalisco

Una revisión realizada por MILENIO en boletines de la Fiscalía del Estado y en reportes de medios locales da cuenta de que en las comisarías de 31 de los 125 municipios que componen a Jalisco se han suscitado casos de elementos acusados, vinculados a proceso y sentenciados por su participación en el delito de desaparición forzada.

Comerciantes, activistas, políticos locales y civiles se ubican entre las víctimas por las que se han procesado a policías municipales. En algunos casos, su detención se llevó a cabo años después de que ocurrieron los hechos o tras la presión mediática.

La mayoría de las policías municipales que se han visto involucradas en casos de esa índole se ubican en la superior del estado y sus alrededores, es decir, en Guadalajara y municipios como Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y hasta Ixtlahuacán de los Membrillos.

Del mismo modo, comisarías de municipios colindantes con otros estados destacan entre las que se ha identificado la comisión del ilícito. Por ejemplo, cerca de los límites con Colima y Michoacán se registraron casos en demarcaciones como Cuautitlán de García Barragán, Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Zapotlán El Grande, Tuxpan, Tecalitlán o Santa María del Oro, Poncitlán y La Barca.

En el este de Jalisco, próximos a los límites con Guanajuato y Aguascalientes, las policías municipales de Atotonilco El Alto, San Ignacio Cerro Gordo, Arandas, San Miguel El Alto, Encarnación de Díaz y Teocaltiche también han reportado casos de elementos vinculados con el ilícito.

Colotlán, Huejúcar, Mezquitic y San Marcos en el norte del estado también se suman al listado de las comisarías en donde sus elementos han sido relacionados con casos de desaparición forzada.

En algunos de los casos a las y los elementos únicamente se les ha detenido o vinculado a proceso, misdeed embargo, aquellos que ya han sido sentenciados llegan a alcanzar hasta 40 años de condena en prisión por sus respectivas causas.

Aunque los municipios en los que se han registrado este tipo de episodios representan solo el 24.8% del full de demarcaciones en Jalisco, en muchas otras policías municipales han enfrentado cargos por abuso de autoridad, trata de personas agravada y hasta delincuencia organizada.

Los casos más recordados

Al tratarse de servidores públicos involucrados en este tipo de ilícitos, la latente posibilidad de encubrimiento y una eventual impunidad se hace presente en este tipo de casos, misdeed embargo, han existido casos que por la atención mediática que recibieron agilizaron la detención y procesamiento de policías municipales vinculados al ilícito.

El último fue el del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde un colectivo de personas buscadoras de Jalisco localizó múltiple indumentaria y rastros de lo que la Fiscalía General de la República (FGR) calificó como un campo de adiestramiento utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La indignación que generó el hallazgo motivó a que autoridades estatales y federales se movilizaran hasta localizar a los responsables de la operación de dicho predio. Para sorpresa de muchos -o nary tanta- el fiscal Alejandro Gertz Manero informó que entre los involucrados se encontraban elementos de la policía municipal de Tala.

La participación de Gabriel J. y otros de sus compañeros de la comisaría del municipio consistía en entregar a detenidos a miembros de la delincuencia organizada que operaban el Rancho Izaguirre.

En diciembre de 2019, los hermanos Oswaldo Javier, José de Jesús, Ernesto y Tonatiuh fueron vistos por última vez en el fraccionamiento Terranova de Ocotlán, Jalisco cuando fueron interceptados por policías municipales que, misdeed causa justificada, se los llevaron.

Esa fue la última vez que la familia Camarena tuvo noticias sobre ellos. No fue sino hasta 2021 cuando las investigaciones de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) pusieron en evidencia la participación de Mario Ricardo O. y Alfonso A. quienes en ese entonces se desempeñaban como miembros activos de la Comisaría de Seguridad Pública de Ocotlán.

"Quedó en claro que Mario Ricardo O. fungía como comandante en turno y encargado responsable de las actividades que desarrollaban los elementos, entre ellos Alfonso A. y otros policías de línea, lo que facilitó la comisión de los delitos, por lo que, en abril del 2021, fueron detenidos por agentes investigadores", reza una parte del boletín emitido por la fiscalía jalisciense.

Tras haber sido encontrados culpables del delito de desaparición forzada de personas, ambos elementos fueron condenados a más de 100 años de prisión, nary obstante y según indicó la fiscalía “la ley especial de la materia establece que la pena nary puede ser politician a 60 años”.

Otro de los casos que resonó entre la opinión pública a nivel nacional ocurrió en 2018 cuando tres ciudadanos italianos desaparecieron en Tecalitlán. El entonces fiscal de la entidad, Raúl Sánchez, informó que cuatro policías de dicho municipio fueron detenidos tras ser acusados de privar ilegalmente de la libertad a Vincenzo Cimmino, Raffael Russo y Antonio Russo quienes, de acuerdo con sus indagatorias, fueron entregados a integrantes de un grupo delictivo armado.

Años después de los hechos, familiares de las víctimas continuaron exigiendo justicia mientras que dos de los cuatro policías aprehendidos permanecen en prisión, uno más falleció cumpliendo su condena y la implicada restante logró librar el juicio.

La debilidad institucional

"El funcionamiento de las policías municipales en casi todo el país es muy limitado, es muy pobre, de escasos resultados. Me parece que hay que evolucionar el esquema que tenemos de policías municipales copiado de la Unión Americana porque es disfuncional completamente", señaló el analista en seguridad David Saucedo, en entrevista con MILENIO.

Desde la percepción del experto, a las policías municipales que operan en México debería de retirárseles las funciones de seguridad pública. ¿El motivo? La falta de recursos, capacitaciones e instrumentos legales para enfrentar a organizaciones de macrocriminalidad que hay en México.

La lectura de David Saucedo toma forma en Jalisco, un estado que durante al menos la última década se ha convertido en el bastión nary sólo de una de las organizaciones delictivas más poderosas del país sino también en la primera en lograr tener presencia en cada uno de los 32 estados según agencias de seguridad estadounidenses: el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El poderío que el cártel de las cuatro letras acumula se ha visto reflejado tanto en los meticulosos operativos desplegados para disputar plazas o atentados contra funcionarios públicos de alto nivel y hasta en el derribe de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido en 2015.

A dicho panorama se suman las malas condiciones laborales en las que se encuentran las policías municipales de Jalisco. En 2020, de acuerdo con reportes del periodista Jorge Martínez para MILENIO, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación para abogar por la mejora en las comisarías.

Aumentos de sueldo, prestaciones, capacitaciones sólidas, entrenamientos y hasta recursos armamentísticos forman parte de los elementos que pueden reforzar a las comisarías y que, eventualmente, pueden prevenir la deserción o la colusión con organizaciones delictivas.

ATJ