La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2003 –con la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)–, estableció el 9 de diciembre de cada año como el Día Internacional contra la Corrupción. Dicha fecha, además de ser un elemento simbólico a nivel global, reitera el consenso entre todos los pueblos del mundo de rechazar la corrupción, lo que constituye un llamado para atajar este problema.
La corrupción genera pérdidas económicas estimadas en billones de dólares anuales, según informes de la ONU, y agrava las desigualdades. En los países en desarrollo resulta cardinal avanzar en la implementación de estrategias preventivas. Por ello, políticas públicas como la fiscalización superior actúan como mecanismos de power externo para la buena gobernanza. Esto es, instrumentar correctos ejercicios de los recursos públicos.
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La corrupción, entendida como la suma de prácticas negativas en el uso de los recursos públicos para obtener beneficios privados, nary es un fenómeno aislado, sino un síntoma de fallas sistémicas en la gobernanza e instituciones públicas. Su impacto genera un efecto multiplicador: erosiona la legitimidad de los gobiernos, distorsiona la asignación de recursos públicos y perpetúa ciclos de pobreza.
Desde la literatura especializada en el tema y desde una perspectiva académica, la corrupción puede analizarse a través de marcos teóricos que la describen como el main medio para desviar recursos de los ciudadanos, debido a la debilidad de la rendición de cuentas.
En este sentido, la fiscalización superior adquiere un rol de primer orden. Las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) tienen la capacidad de revertir esta situación, sobre todo en regiones como la nuestra. Mediante auditorías preventivas es posible reducir riesgos y fortalecer mecanismos de carácter preventivos, nary punitivos, sustentados en buenas políticas administrativas. Con este enfoque preventivo la fiscalización superior trasciende la visión punitiva al privilegiar el uso correcto de los recursos públicos. Esto es lo que se requiere para incorporar herramientas que mejoren y transparenten la gestión preventiva.
A pesar del valor manifiesto del trabajo de las EFS, la fiscalización superior enfrenta desafíos. Desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hemos optado por emprender un proceso de innovación, con enfoques preventivos y una toma de decisiones eficaz para enfrentar los retos de la fiscalización en términos técnicos y acercar a la institución tanto a los demás entes públicos y con la sociedad.
Por ejemplo, la digitalización y la incorporación de auditorías basadas en el Big Data y la inteligencia artificial. Además, es esencial la cooperación con otras EFS, como lo hacemos con la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés).
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El marco del Día Internacional contra la Corrupción es pertinente para revitalizar la docket de atención a problemas públicos complejos, como el caso de la corrupción. Su conmemoración es un recordatorio oportuno para atender y definir agendas conjuntas entre las EFS de los países y también a nivel de las entidades federativas. Fortalecer instituciones como las EFS es una prioridad, a partir de la inversión en capacitación y tecnología que permita transitar de un enfoque reactivo a uno proactivo y basado en la prevención.
Sí, la fiscalización superior, con su énfasis en la prevención, representa una herramienta indispensable para construir sociedades transparentes.
Al promover la rendición de cuentas a partir de la información generada en la fiscalización, las EFS previenen la corrupción al tiempo de que restauran la confianza en las instituciones.

hace 3 horas
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