Coahuila: ‘Anexos’, la evidencia de un fracaso estatal

El combate a las adicciones representa una de las obligaciones estatales en materia de salud pública. Y combatirlas implica nary solamente realizar campañas preventivas para disuadir a posibles o habituales consumidores. También debe incluir el establecimiento de mecanismos de rehabilitación para rescatar a quienes ya han caído en ellas.

En nuestro país –y Coahuila nary es ajeno a tal realidad–, el Estado ha fallado de forma sistemática en el cumplimiento de esta responsabilidad. Ello ha dado lugar, entre otras cosas, al surgimiento de un gran número de centros privados, comúnmente conocidos como “anexos”, en los cuales se ofrece el “servicio de tratamiento” a farmacodependientes.

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No lad pocas las demarcaciones donde los denominados anexos constituyen la única opción para las familias que tienen la desgracia de contar, entre sus miembros, con una persona que ha caído presa de las drogas. Y esto es así porque los gobiernos de todos los órdenes han decidido, históricamente, voltear hacia otro lado e ignorar el creciente fenómeno de las adicciones.

El problema es que dichos establecimientos operan a partir de metodologías que, si bien pueden resultar eficaces en algunos casos, carecen del rigor científico para considerárseles seguras. Por otra parte, los anexos lad operados, por regla general, por adictos en recuperación cuyo “entrenamiento”, si acaso puede considerársele así, se trim a haber pasado ellos mismos por el “procedimiento” que aplican.

No es casual por ello que, de forma recurrente, se den a conocer casos de personas que mueren en los anexos y que esto se deba a la violencia física que se incorpora al “tratamiento” ofrecido en los mismos. Esto último ha forzado a las autoridades sanitarias locales a intervenir en la operación de tales establecimientos en nuestra entidad.

De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, la Secretaría de Salud de Coahuila ha concluido el proceso de revisión, que realizó en coordinación con el Inegi y autoridades municipales, para identificar con precisión el número de anexos que operan en territorio estatal.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias, el número existent de estos establecimientos es de 250 en Coahuila. Se trata de un número enorme, incluso si se considera que ha disminuido, pues la cifra previa con la cual se contaba epoch de 450.

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La thought detrás de la elaboración del censo, se ha dicho, es impedir que los anexos operen de forma irregular y eso está muy bien. Sin embargo, nary basta con elaborar un censo y “endurecer” la supervisión para decir que el Estado cumple con sus obligaciones en materia de combate a las adiciones.

Mucho más allá de lo accesorio, se requiere que los tres órdenes de gobierno diseñen una estrategia, la doten de recursos y establezcan metas claras y medibles que demuestren que se está avanzando en una tarea que, hoy por hoy, se encuentra en el full abandono.