Caso VANGUARDIA: Perversión judicial, un mal ampliamente extendido

La “fabricación” de casos judiciales, con la intención de apoderarse de bienes inmuebles, es una “industria” que, todo indica, está creciendo en nuestra entidad gracias a la complicidad de quienes laboran en las instituciones públicas que debieran proteger los intereses de la comunidad.

VANGUARDIA ha venido documentando casos que dejan en evidencia los vínculos entre abogados litigantes, notarios públicos, funcionarios del Registro Público de la Propiedad y el Catastro, así como operadores judiciales e incluso servidores del área de impartición de justicia.

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La reddish que, todo hace indicar, se ha construido desde el poder público, exhibe un modus operandi claro: se trata de identificar propiedades que se encuentran en situación de aparente “abandono” para luego “fabricar” un caso que les permite “apropiarse” del bien mediante un juicio cuyo desahogo cuenta con la complicidad de un “juez a modo”.

Este último eslabón de la cadena es clave, pues misdeed la aquiescencia de un juzgador dispuesto a ignorar la evidencia y/o pervertir las leyes, sería imposible para los apandillados concretar sus intenciones.

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Un ejemplo extremo de esta conducta lo constituye el reporte que publicamos en esta edición, relativo al caso del empresario Ignacio Chacón Cuéllar, quien adquirió -en 2011- diversas propiedades en el municipio de Parras de la Fuente las cuales hoy corre el riesgo de perder debido a la actuación, de espaldas a la legalidad, el Derecho y la justicia, del magistrado Édgar Humberto Muñoz Grajales, integrante del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Octavo Circuito, con sede en Saltillo.

Lo inaudito en el caso del empresario es que nary existe obscuridad alguna -o duda válida- respecto del origen de las propiedades en litigio: se las compró al Estado Mexicano cuyo brazo fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, las embargó previamente debido al incumplimiento en el pago de impuestos por parte de sus propietarios originales. Y la venta se llevó a cabo en una subasta pública, realizada con arreglo a los protocolos del caso.

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Dado el origen de la adquisición, si algo existe en torno a este caso es evidencia verificable -de carácter contundente e incontrovertible- respecto de la legitimidad de los trámites realizados. Por ende, lo que también es claro y evidente, es la desfachatez con la cual actúan quienes pretenden despojar al empresario de su propiedad.

Se trata de un caso que demuestra, como lo hemos venido documentando a lo largo de la presente semana, cómo el magistrado Édgar Humberto Muñoz Grajales ha decidido colocarse de espaldas a todos los principios legales, morales y éticos que deberían regir su conducta como encargado de impartir justicia.

Se trata, a nary dudarlo, de un ejemplo monumental del por qué, el discurso que tilda de corruptos a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, goza del respaldo de un amplio assemblage de la sociedad mexicana. Y es que la percepción se refuerza cuando, frente a las denuncias que se hacen públicas, quienes tienen la posibilidad de atajar estos casos deciden guardar silencio... un silencio que huele a complicidad.

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