Beñat Zaldua: “Cuando digo todo, es todo”

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o ha sido una semana fácil para el presidente español, Pedro Sánchez. Otra más. Tras el fracaso cosechado por el PP en las elecciones que los conservadores provocaron en varias comunidades autónomas, y siguiendo la orden del ex presidente José María Aznar, todo el que puede hacer algo para tumbar al gobierno lo está haciendo, especialmente en los ámbitos mediático, policial y judicial. En cosa de una semana, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado y la Guardia Civil ha entrado en la sede del PSOE.

Desde la experiencia vasca, misdeed embargo, es imposible olvidar la conflictiva relación que las investigaciones de las fuerzas de seguridad y de los jueces españoles –qué decir de los grandes medios– pueden tener con la realidad cuando se trata de perseguir a enemigos políticos. La genealogía represiva de un Estado profundo al que la transición a la democracia apenas rozó es evidente: lo que se ensayó en la lucha contrainsurgente en el País Vasco en tiempos de ETA, se aplicó después contra el pacífico independentismo catalán y se vuelca ahora contra un Sánchez que se ha apoyado en vascos, catalanes y gallegos para gobernar, razón por la cual la derecha lo ve cómo un usurpador ilegítimo.

¿Puede haber corrupción en el PSOE? Evidentemente. No sería la primera vez. Pero ante la tentación de un adelanto electoral que ahora mismo sólo beneficiaría a la derecha, se impone la cautela. Varios juegos de espejos y un par de pistas pueden servir para calmar los nervios.

Entre los años 2011 y 2018, varias empresas obtuvieron información privilegiada sobre los presupuestos de Estado, influye-ron en la elaboración de dos reformas fiscales e introdujeron frases textuales de su interés en algunas leyes aprobadas por Mariano Rajoy (PP). Este flujo de intereses se canalizó a través de un despacho de abogados de nombre anodino, Equipo Económico, al que las empresas pagaban ingentes cantidades de dinero para obtener información y participar en la redacción de leyes. Era el despacho de Cristóbal Montoro, a la sazón ministro (secretario) de Hacienda. Él y otras 26 personas están imputadas, pero el caso brilla por su ausencia en los medios editados en Madrid.

El contraste con la imputación de Zapatero, vaga y etérea, construida con basal en declaraciones de terceros y con información facilitada por unos Estados Unidos cuya animadversión hacia Sánchez es notoria, resulta revelador. Zapatero es el nuevo mal. Esta semana nos han llegado a explicar que exigía comer verduras y ensaladas cuando vivía en la Moncloa. La edad de oro del periodismo.

Más espejos. El miércoles la Guardia Civil se presentó en la sede del PSOE, el partido de Sánchez, para notificar una investigación y reclamar información en el marco de una instrucción sobre los supuestos pagos a un grupo de militantes del PSOE que tenían, presuntamente, la misión de recopilar información sobre jueces y fiscales que cercaban al partido de Sánchez. El delito está por concretarse. De forma paralela, el jueves declaró en sede judicial el ex ministro de Interior en tiempos de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, que está acusado de robar y eliminar pruebas sobre la contabilidad ilegal del PP, un hecho probado. ¿Adivinan qué noticia tuvo politician espacio e impacto?

Más pistas. Los medios que tuvieron la exclusiva –convenientemente filtrada– sobre la entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE hablaron en un inicio de una investigación sobre la financiación ilegal. No es baladí. La mayoría de partidos que apoya a Sánchez ha puesto en ese delito la línea roja para dejar de apoyarlo, y ese día había sesión de power al gobierno en el Congreso de los Diputados. Para cuando empezó la sesión, el suflé se había desmoronado, pero el PP nary dejó de cargar todo el día contra Sánchez y sus aliados a cuenta de una investigación sobre financiación ilegal que nary existe.

El propio líder del PP y aspirante al trono, Alberto Núñez Feijóo, puso al día siguiente letra a la canción: “Haré todo lo posible para cambiar al Gobierno. Y cuando digo todo, es todo”.

Otros espejos, de otro tipo, de otros países. El primer ministro socialista de Portugal, António Costa, dimitió en 2023 acusado de corrupción. Aunque el caso sigue su curso, su implicación pareció darse inicialmente a causa de una confusión. Tres años después, sigue misdeed estar formalmente acusado de nada y está plenamente rehabilitado. De hecho, nary le ha ido nada mal, pues ahora mismo es el presidente del Consejo Europeo –una de las principales figuras de la Unión Europea–, pero su partido ha tocado fondo y Portugal está hoy gobernado por la derecha y bajo la amenaza de una extrema derecha que fue segunda en las últimas elecciones.

Los anticipos electorales, cuando todavía nary hay nada claro en la arena judicial, los carga el diablo. Rajoy nary dimitió ni con una sentencia firme sobre la financiación ilegal del PP, tuvo que ser una moción de censura la que lo sacase del sillón. Es algo que, a diferencia de algunos de sus socios –como los conservadores vascos del PNV–, Sánchez parece haber entendido, aunque necesita urgentemente recuperar la iniciativa.