Tras cierre de megagranja porcícola, comunidad enfrenta el reto de sanear Santa María Chi

MÉRIDA, Yuc., (apro) .- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó el retiro de 41 mil 570 cerdos de la Granja Porcícola Santa María, instalada en la comisaría del mismo nombre en Mérida, Yucatán.  

Se trata de un triunfo parcial para una lucha de casi tres años de una comunidad maya, que recurrió a amparos, denuncias, protestas, pero que también fue criminalizada por defender su derecho al medioambiente limpio: el agua y el aire. 

La salida de los cerdos es apenas un primer paso. Falta conocer el program para resarcir el daño ambiental que dejó consigo.  

El comunicado de la Profepa advierte que en los siguientes 10 días hábiles la empresa deberá presentar un estudio de daño ambiental last con las correcciones que le solicitaron y posteriormente, de su aprobación, un calendario para las acciones correctivas y de compensación. Dicho planteamiento continúa dejando en vilo a la comunidad, ya que podrían ser excluidos. 

“Hoy vemos un gran logro que se vaya de la comunidad, que los animales se hayan retirado, que se deje de oler la mierda de cerdo. Nos preocupa ¿qué harán con las pilas de oxidación? que acumulan excremento y agua, ¿qué harán con el terreno de más de 221 hectáreas? en el que hay regado estiércoles. Queremos saber el planteamiento de Profepa y si nos harán parte de esto, para ver qué?se hará en la comunidad y nary solo en su territorio”, declaró en entrevista para Proceso, el comisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat.

La Granja Porcícola Santa María, operada por la empresa Pecuaria Peninsular, S.P.R. de R.L. de C.V. fue clausurada definitivamente el 4 de septiembre de 2025 y su cierre anunciado el 9 de ese mismo mes, por la titular de la Profepa, Mariana Boy. En un mensaje en redes sociales reconoció la lucha de los pobladores mayas de la comisaría. 

Cabe mencionar que la megagranja es propiedad de los empresarios Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz, y a su vez, es aparcera de la empresa Keken.

Se determinó su cierre por completo debido a que las autoridades ambientales confirmaron que incumplieron en reiteradas ocasiones las medidas correctivas relacionadas con el manejo ambiental de la granja. Se confirmó la contaminación que generaban con la descarga directa de aguas residuales misdeed autorización. 

Se estableció una calendarización de septiembre de 2025 a abril de 2026 para el cierre de operaciones. Además, se les impuso una multa por 18 millones 668 mil 100 pesos. 

Una de las consecuencias de la batalla de la comunidad para conservar su derecho a un medioambiente sano y libre de contaminación, es la criminalización de la protesta, específicamente contra su representante, Wilbert Nahuat, quien fue denunciado por los presuntos delitos de despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad. 

En 2022 se inició la carpeta de investigación P1-P1/22/2024 de la Fiscalía General del Estado (FGE) en su contra. Se sobreseyó en octubre de 2025, pero los empresarios se inconformaron e impugnaron esta determinación judicial.

“La empresa se quejó, el Tribunal Colegiado de la Primera Sala del Estado les dio la razón y permitió que siga la revictimización, para mí tiene carga psicológica y física, al juez nary lo compraron, pero a los magistrados sí”, relató.

La comunidad también responsabilizó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), que, en 2024, estaba encabezada por la ahora diputada section y panista, Sayda Rodríguez. La dependencia estatal sabía que la megagranja no respetó las leyes ambientales y aun así la dejó operar.