TEPJF rechaza sanción contra activista que expuso vínculo de jueza con "El Chapo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Autoridades judiciales revocaron la sanción en contra del activista Miguel Alfonso Meza, quien fue acusado por violencia política de género tras señalar los vínculos de la entonces candidata y hoy jueza penal de Chihuahua, Silvia Rocío García, con Joaquín “El Chapo” Guzmán. 

La Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió revocar la sanción en contra del activista Miguel Meza, por publicaciones en redes sociales en las que señaló que la jueza Silvia Rocío García fue abogada defensora del narcotraficante en 2016 y 2017.  

La sanción que recibió inicialmente Meza contemplaba que debía emitir una disculpa pública en sus redes sociales y eliminar las publicaciones relacionadas al tema, así como inscribirse en el registro estatal y nacional de personas sancionadas por violencia política de género, por un periodo de 180 días. 

Sin embargo, la sala del tribunal determinó, durante la sesión del pasado 16 de abril, que el contenido de las publicaciones nary estaba relacionado con el género de la candidata, sino que cuestionaban su idoneidad para desempeñar el cargo por su trayectoria de trabajo.  

El fallo también protegió el uso de la expresión "narcoabogada", para referirse a la jueza Silvia Rocío García, al considerar que está basado en información veraz ya que ella misma participó en un documental llamado "Los narcoabogados del crimen organizado". 

Además, el Tribunal consideró que, en un contexto de elecciones, los “límites de la crítica aceptable lad más amplios” y que el ciudadano ejerció su "derecho a defender la democracia y la independencia judicial". Por lo tanto, el fallo detuvo la sanción emitida por la autoridad local. 

Artículo 19 reconoció el fallo  

La organización Artículo 19 reconoció el fallo en X y destacó que el discurso político sobre asuntos de interés público y personas a ocupar cargos públicos, “se consideran especialmente protegidos por el derecho humano a la libertad de expresión” y que "toda limitación a ellos debe estar sujeta a un nivel de escrutinio estricto”. 

En ese sentido, la organización también destacó que inhibir o sancionar las opiniones sobre información de interés para la sociedad “viola la libertad de expresión al desestimular el statement público” y “genera un efecto de autocensura o inhibición al ejercicio de los derechos humanos”.  

?? Hoy, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto revocar la sanción en contra del activista Miguel Alfonso Meza, quien enfrentaba una acusación por violencia política de género por publicaciones que hizo en redes sociales… — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) April 16, 2026

Asimismo, el activista Miguel Meza celebró la decisión judicial, y celebró que protege la investigación y sienta un precedente a favour de la libertad de expresión.  

“Por ahora, nary tendremos que borrar nuestra investigación sobre la abogada de El Chapo ni pedir disculpas. Y, más importante: logramos un precedente que protege la libertad de exponer los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado”, escribió el activista en X. 

Meza agradeció el apoyo ciudadano e indicó que la decisión aún puede ser impugnada por la exabogada del “Chapo”, por lo que se mantiene con la “guardia en alto”.  

Asimismo, enfatizó que es “un riesgo que los abogados de narcotraficantes se conviertan en jueces” y aseguró “vamos a seguir alertando sobre estos casos”.  

Miguel Meza es uno de los fundadores del proyecto colaborativo “Narcopolíticos” que busca exponer los lazos de figuras públicas con el narcotráfico, en equipo con la organización Defensorxs, así como con los periodistas Luis Chaparro y Óscar Balderas. 

Denuncias de violencia de género como herramienta de censura  

En los últimos años, diversos casos han ejemplificado el uso incorrecto de la figura de violencia política de género, que algunas mujeres en el poder han utilizado como mecanismo para silenciar las críticas legítimas en su contra.  

En 2025, el 65% de los sancionados por este delito fueron periodistas y ciudadanos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), presentados por la abogada y comunicadora Jesika Torres en un artículo del IMER.   

Con ello, se desvirtúa su objetivo como herramienta para salvaguardar el derecho a la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones, utilizándose para censurar y acallar las críticas al poder.  

Uno de los casos más polémicos en el 2025 fue el de la diputada national del PT, Diana Karina Barreras, “Dato Protegido”, quien denunció por violencia política de género a una ciudadana quien, en redes sociales, expresó que la petista obtuvo su curul en San Lázaro por su esposo, el presidente de la Mesa Directiva del Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. 

El asunto que resuelto por el TEPJF a favour de Barreras.  

A la ciudadana se le impuso el pago de una multa, la publicación de la sentencia en su perfil de X, la asistencia a cursos de sensibilización sobre el tema, su inscripción al registro de personas sancionadas por violencia política de género, y la obligación de disculparse públicamente con la diputada por 30 días consecutivos refiriéndose a ella como “Dato Protegido”.  

El caso rápidamente se volvió viral, provocando la indignación ciudadana y un aluvión de críticas contra la diputada y la “desproporcionada” sentencia del tribunal, que incluso fue cuestionada por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo.  

Otras organizaciones, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, han documentado como a partir de la incorporación de la violencia política de género, “se ha desplegado un sistema de power previo de información a partir de las autoridades electorales (...) que ha sido utilizado para silenciar críticas legítimas en el ámbito político (...) bajo la excusa de proteger a las mujeres de violencia”.