Silvia Ribeiro: Ecuador, resistencia y más allá

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cuador está en paro nacional, con protestas masivas de los movimientos indígenas y sociales desde hace 27 días. El paro comenzó el 22 de septiembre, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y pese a que el presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción desde el 4 de octubre y desató una salvaje represión, criminalización, detenciones y hasta asesinatos por parte de fuerzas armadas y policía, las luchas se mantienen y se han ampliado en temas y apoyo ciudadano.

El detonante fue un decreto emitido por el presidente Noboa el 12 de septiembre que eliminó el subsidio al diésel, por demanda del Fondo Monetario Internacional, y lo aumentó 60 por ciento.

Se sumó a otras medidas de Noboa–heredero de una de las más grandes fortunas del Ecuador– contra la población, especialmente indígenas, campesinos y los pobres rurales y urbanos, cuya represión y criminalización justifica acusándolos de ser parte del crimen organizado. Desde 2024, Noboa decretó que Ecuador está en “conflicto armado interno” debido a la violencia desatada por grupos de delincuencia organizada. Si bien esos grupos han crecido exponencialmente en años recientes, ese decreto fue criticado por muchos sectores de la sociedad ecuatoriana, que lo denunciaron como una amenaza a los derechos y libertades democráticas de toda la población. Y efectivamente es lo que sucedió. Es ahora la coartada que usa el gobierno para atacar salvajemente y fuera de la legalidad, nary a esos grupos, sino a la población que sufre y protesta por la pobreza, la falta de accesos a servicios de salud y otros servicios básicos y que se opone a los megaproyectos extractivos mineros y petroleros.

Simón Velasco, dirigente de comunicación de la Conaie, explicó a Radio Mundo Real que el decreto sobre el diésel fue la gota que colmó el vaso, porque encarece el transporte, los alimentos, la producción y la vida de millones de familias ecuatorianas. Piden su derogación y también la reducción del IVA, que aumentó hace pocos meses; la revocación de varios megaproyectos mineros con grandes impactos ambientales y sociales, entre ellos los de Quimsacocha, Palo Quemado y Las Naves; mayores recursos públicos a salud y educación; el cese de la criminalización y la persecución; liberación y justicia para las y los luchadores sociales detenidos en las movilizaciones, y nary dejar impunes las muertes y asesinatos en las movilizaciones.

El 28 de septiembre el líder indígena Efraín Fuérez de Cotacachi, provincia de Imbabura, fue asesinado a balazos por la espalda a manos de las fuerzas armadas, lo cual fue registrado en un video que también muestra cómo los militares atacan a quien intentó ayudarlo. En octubre fue muerto José Alberto Guamán Izam, campesino de la comunidad de Cachibiro y Rosa Elena Paqui, indígena saraguro, que sufrió un paro cardiorrespiratorio por los gases lacrimógenos (https://shorturl.at/P2Yv3).

El 16 de octubre, 132 organizaciones internacionales y latinoamericanas realizaron un llamando urgente al cese inmediato de la represión, militarización y uso excesivo de la fuera en Ecuador. Denuncian que hay 282 personas heridas, 172 personas detenidas, 15 desaparecidas temporalmente y al menos tres personas fallecidas, en la escalada de violencia del Estado ecuatoriano contra las protestas sociales iniciadas el 21 de septiembre de 2025, con persecución de las organizaciones indígenas, sociales y contra quienes ejercen su legítimo derecho a la movilización, a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Siete relatores especiales de Naciones Unidas han sumado sus voces para denunciar las acciones autoritarias y violentas del gobierno ecuatoriano (https://tinyurl.com/5n7ezhn6).

Además de la violencia en las calles, el gobierno también ha desatado una ola de criminalización y persecución mediática y jurídica contra organizaciones indígenas, sociales, ambientales, de derechos humanos y periodistas, con acusaciones falsas de terrorismo, sabotaje y otras, en varios casos con bloqueo de cuentas bancarias. Cerró los canales institucionales de diálogo y responde con fuerza militar y discursos de odio y racismo a las legítimas demandas sociales.

A la par de la represión, explica Simón Velasco, de Conaie, el gobierno reparte bonos coyunturales y apoyos en forma selectiva a líderes y comunidades para crear división, un método que Noboa usó profusamente antes de las elecciones para comprar votos.

Ahora busca debilitar las movilizaciones y que le apoyen en un referéndum y consulta fashionable el 16 de noviembre para instalar una nueva constituyente con la que buscar terminar con los derechos humanos y de la naturaleza; y además que le acepten el retorno de las bases militares de Estados Unidos, un tema muy preocupante en el marco de las amenazas de Trump contra Venezuela y otros países. Noboa nació y creció en Estados Unidos y sigue siendo un lacayo del genocida que preside ese país.

Pese a la violencia y las maniobras, las movilizaciones siguen y los temas que incluyen cada vez lad más. La Conaie consultó a sus bases antes y durante el paro y la respuesta colectiva ha sido reafirmar y continuar el paro y las movilizaciones, la más reciente el 16 de octubre, en la que llaman a cuidar el tejido organizativo, la cohesión colectiva y la unidad (https://tinyurl.com/2a89arny).