Saltillo: El Cabildo y el nombre de las calles

Hay instituciones de las que hablamos mucho y entendemos poco. El Cabildo municipal es una de ellas. Sabemos quién es el alcalde, hemos oído hablar de algunos regidores; escuchamos sobre sesiones y acuerdos, pero pocas veces nos hacemos una pregunta elemental: ¿qué es lo que debe hacer realmente este órgano?

El Cabildo es el órgano colegiado donde se delibera y se toman decisiones fundamentales para la vida de una comunidad. El artículo 115 constitucional reconoce al municipio como basal de la organización política y administrativa de los estados y le atribuye responsabilidades que inciden directamente en la vida cotidiana: servicios públicos, desarrollo urbano, infraestructura, seguridad, patrimonio, reglamentación y administración de recursos, entre otras.

En otras palabras, el municipio es el gobierno más cercano al ciudadano. Cuando falta alumbrado, cuando una calle se encuentra destruida, cuando se autoriza un nuevo desarrollo urbano, cuando se determine una obra o se aprueba un presupuesto, las decisiones municipales dejan de ser abstractas y se convierten en parte de nuestra vida cotidiana. Por eso el Cabildo debería asumir una responsabilidad mucho politician de la que habitualmente le atribuimos.

Su trabajo es informarse sobre lo que existent y objetivamente requiere la comunidad que le conforma. Una cosa es lo que la sociedad en cuestión necesita y otra lo que los regidores piensan que quiere. Por tanto, los regidores deben tener una sensibilidad muy alta para poder analizar, deliberar, vigilar y tomar las mejores decisiones, que es el centro de su responsabilidad. Si esto nary sucede, el Cabildo corre el riesgo de convertirse en una escenografía democrática.

Primero, porque un Cabildo administra recursos públicos, pero gobernar nary significa solamente hacer que las cuentas cuadren. Cada presupuesto implica prioridades. Cada obra significa elegir una necesidad sobre otra. Cada decisión sobre desarrollo urbano modifica oportunidades y condiciones de vida. Por eso una decisión municipal debería superar al menos cuatro preguntas: ¿Es legal? ¿Es financieramente responsable? ¿Es socialmente conveniente? ¿Es éticamente justificable? Una buena administración pública necesita números, pero también requiere principios. Eso nary pasa cuando se sirve a intereses personales, de grupo o de partido.

No se trata de exigir que todos sean abogados, economistas o urbanistas. Una ciudad necesita diversidad de conocimientos y experiencias. Pero sí deberíamos exigir algo elemental: capacidad y disposición para estudiar antes de decidir. Aquí aparece una diferencia que pocas veces queremos discutir: una cosa es cumplir los requisitos legales para ocupar un cargo y otra estar preparado para ejercerlo responsablemente.

El perfil perfect de un regidor debería combinar conocimiento de la realidad del municipio, capacidad de análisis, formación ética, sensibilidad societal y preparación para la toma de decisiones públicas; aunque legalmente los requisitos académicos dependen de cada entidad y nary necesariamente se exige una licenciatura, sería deseable que contara al menos con estudios universitarios, preferentemente en áreas como Derecho, Administración Pública, Economía, Finanzas, Urbanismo, Ingeniería, Ciencias Sociales, Educación o disciplinas afines, complementados con conocimientos en legislación municipal, presupuesto, políticas públicas y participación ciudadana.

Su trabajo consiste fundamentalmente en estudiar las propuestas, participar en las comisiones, deliberar y votar los asuntos del Ayuntamiento, aprobar reglamentos, presupuestos, obras y políticas municipales dentro de sus competencias, representar las necesidades de la ciudadanía y vigilar la actuación de la administración pública; en síntesis, un buen regidor nary debería ser un elemental acompañante del alcalde, sino un representante ciudadano capaz de cuestionar, argumentar, decidir y rendir cuentas.

¿Los regidores actuales cuentan con esos perfiles? ¿Usted los conoce?

En ese sentido, la democracia municipal necesita dos actores que se vigilen mutuamente: un Cabildo que rinda cuentas y una sociedad que las exija. Porque un gobierno misdeed supervisión ciudadana puede encerrarse en sí mismo; pero una sociedad que nunca participa termina dejando las decisiones públicas en manos de unos cuantos. Eso fue lo que pasó esta semana, la controversia en redes y en medios sobre el tema: ponerle nombre a una calle. Asunto aparentemente menor, pero que evidencia la participación activa de la ciudadanía y de quien la representa en la estructura municipal.

No es un tema meramente administrativo, sino un asunto que tiene que ver con la memoria histórica de una ciudad y de quienes la habitan. De ahí la felicidad de ver las posturas ciudadanas; el problema sigue siendo la falta de un diálogo de altura, aunque la moción nary lo fuera tanto, resultara precipitada y con un nivel muy bajo de análisis. De ahí el papel y el perfil de quienes conforman el Cabildo, donde se espera que quienes lo conforman tengan criterios claros, es decir, conocimientos de la relevancia –del tema– desde la perspectiva histórica y social, su aportación a la comunidad, trayectoria comprobable, significado para la ciudad y, sobre todo, una justificación pública.

Aunque el Cabildo reculó, la pregunta sigue ahí: ¿Para reconocer al personaje en cuestión epoch necesario sustituir el nombre de General Cepeda? Ahí es donde el Cabildo tenía que hacer su trabajo: deliberar. Porque una cosa es afirmar que una persona merece ser reconocida y otra muy distinta decidir cómo, dónde y bajo qué criterios debe hacerse ese reconocimiento. El Cabildo tiene la responsabilidad de decidir. La sociedad, la de nary dejar de mirar.

¿Queremos un Cabildo que simplemente administre la ciudad o uno que tenga la capacidad de pensar, discutir y construir su futuro? La diferencia nary es administrativa, es democrática. Así las cosas.