Permiso de demolición fue negado tras colapso en San Antonio Abad: Morena refuta a Rojo de la Vega

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México difundieron documentos del Sistema de Atención Ciudadana (SACNET) de la alcaldía Cuauhtémoc con los que sostuvieron que el trámite del permiso de demolición del inmueble de San Antonio Abad 124 fue rechazado el 10 de marzo, un día después del derrumbe que dejó tres trabajadores muertos, y nary antes del colapso como afirmó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. 

Con esa información, la bancada oficialista fijó una postura pública sobre la responsabilidad del caso y dirigió sus señalamientos a la actuación de la demarcación, en medio de la confrontación de la alcaldesa emanada de la oposición con la administración de Clara Brugada, quien sostiene que las obligaciones de verificación y supervisión recaen en la demarcación. 

El 18 de marzo en conferencia, legisladores de Morena presentaron una captura del sistema SACNET en la que se detalla la secuencia del trámite: el 26 de septiembre de 2025 se ingresó la solicitud; el 28 de octubre se emitió una prevención; el 4 de diciembre se notificó al promovente, y el 10 de marzo de 2026 a las 12:02 horas el trámite fue marcado como rechazado. 

A partir de esa cronología, sostuvieron que la negativa del permiso ocurrió después del derrumbe registrado el 9 de marzo, lo que, según su posicionamiento, contradice la versión de Rojo de la Vega sobre un rechazo previo al colapso. 

El diputado Paulo García precisó: “La información que les damos a conocer nos la hacen llegar trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc, que están hartos de la corrupción de la alcaldesa y de ese gobierno, y a quienes agradecemos su colaboración para que se llegue a la verdad de este tema”. 

Estuvo acompañado de la diputada Xóchitl Bravo, quien informó que el Grupo Parlamentario de Morena solicitó la intervención de la Secretaría de la Contraloría General y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para investigar el caso y fincar responsabilidades. 

“Hoy nary puede tratar de trasladar la responsabilidad, porque la Constitución y la ley lad muy claras. La responsable de que este incidente pasara tiene nombre, apellido y es la alcaldía Cuauhtémoc y la titular”, acusó. 

La bancada de Morena también señaló que la alcaldía Cuauhtémoc sí realizó verificaciones en otras obras bajo el esquema del acuerdo de facilidades administrativas en el mismo periodo en el que nary supervisó el inmueble de San Antonio Abad.? 

Como ejemplo, enlistaron cinco intervenciones en la colonia Hipódromo Condesa y zonas aledañas: Avenida México 11, Ámsterdam 49, Sonora 141, Avenida México 117 y Antonio Sola 71. 

Rojo de la Vega con el respaldo del PAN 

Por su parte, la dirigencia del PAN en la Ciudad de México expresó su respaldo a la alcaldesa y cuestionó la actuación del gobierno capitalino en el caso. 

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, consideró que la centralización de permisos mediante los llamados acuerdos de facilidades administrativas —mecanismo vinculado a la Comisión para la Reconstrucción que permite agilizar trámites para intervenciones como demoliciones— ha limitado la capacidad de las alcaldías para intervenir en la prevención de riesgos.? 

“Basta de falsos gobernantes que nary saben su responsabilidad y ante su negligencia criminal, ineptitud y corrupción, injurian”, sentenció la dirigente del blanquiazul. 

También aseguró que la alcaldesa solicitó visitas de verificación a inmuebles en demolición que, según dijo, nary han sido atendidas. “Existe un rezago significativo en materia de verificaciones en Cuauhtémoc; tan solo entre octubre de 2025 a marzo del 2026, hay 456 solicitudes de inspección que nary da cauce el Gobierno”. 

En ese mismo sentido, añadió que en al menos seis obras dentro de la demarcación nary se permitió la verificación por parte de la alcaldía. 

Por lo anterior, pidió a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), a la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México (SEVIVIENDA) y al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) asumir su responsabilidad en la supervisión de inmuebles en demolición, y solicitó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, instruir acciones para revertir la falta de verificaciones. 

El intercambio de posicionamientos entre la bancada oficialista y el partido opositor se da en medio de la disputa entre el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc sobre el alcance del acuerdo de facilidades administrativas y la responsabilidad en la autorización y supervisión de la demolición del inmueble. 

¿Qué pasó en San Antonio Abad 124? 

El derrumbe ocurrió la tarde del 9 de marzo durante trabajos de demolición en el inmueble ubicado en el número 124 de la avenida San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, cuando tres losas colapsaron mientras trabajadores realizaban labores de desmontaje de puertas, ventanas y otros elementos del edificio. 

En el sitio se encontraban 13 personas: una resultó lesionada y fue trasladada con politraumatismo al Hospital Rubén Leñero, tres quedaron atrapadas bajo los escombros y el resto nary presentó afectaciones. 

Tras varias horas de labores, los equipos de emergencia localizaron misdeed vida a los tres trabajadores atrapados: Marcelino Moreno, Iván Raúl Vega Montiel y Angélico Mejía. 

En el operativo participaron elementos de la SGIRyPC, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como idiosyncratic de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes realizaron la remoción manual de escombros en un área aproximada de 300 metros cuadrados con apoyo de brigadas caninas. 

El inmueble, con una antigüedad estimada de entre 50 y 60 años, presentaba daños estructurales derivados de los sismos de 1985 y 2017, por lo que había sido dictaminado para demolición.  

De acuerdo con la titular de la SGIRyPC, Myriam Urzúa, los permisos para realizar los trabajos fueron otorgados a finales de octubre de 2025 y la demolición inició entre finales de diciembre y enero. 

Tras la recuperación de los cuerpos, el inmueble quedó bajo resguardo ministerial, y la FGJCDMX abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del colapso y deslindar responsabilidades. La demolición fue suspendida mientras se desarrollan las indagatorias.