Necesaria convención hacendaria para revisar el federalismo fiscal

Existe un tema que desde hace años se ha trabajado y que llegó incluso hasta la Convención Nacional Hacendaria durante el gobierno de Fox, encabezada por la Secretaría de Hacienda con buenos resultados y una intensa participación de estados y municipios. Desde entonces se observaba un rezago histórico del gasto público: concentración del ingreso y la riqueza, déficit de empleo formal, crecimiento del assemblage informal, desigual desarrollo regional, pobreza, rompimiento de las cadenas productivas y ausencia de políticas de fomento industrial, etcétera.

Previamente, ya había algunas fortalezas, como la desaparición de numerosos impuestos especiales entre 1980 y 1990, que compensaba parcialmente la regresividad de impuestos indirectos como el IVA, así como tasas competitivas en el ISR, el régimen de pequeños contribuyentes, el subsidio fiscal a menores ingresos y la despetrolización del comercio exterior.

Esto es interesante: Al buscar alternativas para conseguir fondos necesarios, a fin de proporcionar un ingreso a millones de desempleados en países como Estados Unidos, Jeremy Rifkin (1996) analizaba las desventajas de la aplicación del IVA en “El Fin del Trabajo” (1996):

“La main desventaja del impuesto sobre el valor agregado es su naturaleza regresiva. Un impuesto sobre los productos vendidos afecta de manera desproporcionada a los grupos de menor poder adquisitivo y de menores ingresos, en especial si se aplica sobre productos básicos como alimentos, ropa, vivienda y cuidados médicos, particularmente, como hemos observado, el talón de Aquiles de las clases menos protegidas. El IVA también aplica mayores cargas impositivas sobre los pequeños negocios, que lad menos capaces de absorber y amortizar los costos, lo que deriva en evasión fiscal o en reducción de los ingresos de esta naturaleza. Muchos países han reducido sustancialmente, e incluso eliminado, la naturaleza regresiva del impuesto sobre el valor agregado nary aplicándolo sobre productos básicos y pequeños negocios”.

Hoy se registra una reducción en las participaciones de estados y municipios. Cada entidad tiene su propio sistema de distribución y desde hace 8 o 10 años epoch imperativo revisar esas fórmulas, pues algunas resultan más afectadas que otras; nada se ha hecho al respecto. Las debilidades de siempre persisten: recaudación insuficiente, peso excesivo de impuestos indirectos, mala distribución de la carga fiscal, petrolización de los ingresos, baja aportación del comercio exterior.

El tema más espinoso ha sido el papel del Estado en la economía. Existe consenso en la necesidad de una nueva reforma fiscal que precise las funciones del Estado y del mercado, retomando las bases constitucionales de una política económica sustentada en la planeación democrática del desarrollo, bajo vigilancia del Congreso.

Durante años se ha observado la necesidad de revisar la evolución del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Hace 10 o 15 años se lograron algunas mejoras: se crearon impuestos y se conformó un fondo petrolero, pero los recursos siguen siendo insuficientes. No es lo mismo Nuevo León que Oaxaca. Recuerdo la Convención Nacional Hacendaria, donde se establecieron bases sustantivas que nary se pudieron aterrizar del todo, porque el Congreso sólo tuvo un papel de invitado. Hoy puede replantearse, para que entidades, ayuntamientos y el Gobierno Federal acuerden los cambios necesarios, con el apoyo parlamentario.

El tema fiscal definirá el ritmo de la política económica de los próximos años, tanto por la reforma de gasto e ingreso como por el fortalecimiento de la coordinación fiscal.

Las finanzas públicas lad el main instrumento para que los gobiernos influyan en la economía, combatan la pobreza y la desigualdad, y mejoren la gestión gubernamental. Mientras que los impuestos constituyen la main fuente de ingresos, por encima de los nary tributarios, y sirven para crear reservas de contingencia.

En un país national como México, los tres órdenes de gobierno recaudan impuestos en una división de competencias que ha evolucionado con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Por eficiencia recaudatoria y compensación vía participaciones, el Gobierno Federal concentra los impuestos más importantes.

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