Por Alejandro Moreno
En política, hay acusaciones que se desvanecen con el tiempo y hay otras que, por su gravedad, nary pueden ignorarse. Lo que hoy enfrenta Morena, el gobernador Rubén Rocha Moya y su entorno político, pertenece claramente a la segunda categoría. De acuerdo con investigaciones y señalamientos de autoridades de Estados Unidos, diversos dirigentes de Morena establecieron vínculos con el crimen organizado, incluyendo acuerdos que implicaban apoyo político a cambio de protección institucional. Estas acusaciones nary lad menores: se habla de conspiraciones para facilitar el tráfico de drogas, de financiamiento ilícito de campañas y de una presunta captura de estructuras gubernamentales por grupos criminales.
Como el PRI lo ha denunciado en instancias internacionales, los reportes de Estados Unidos apuntan a que el crimen organizado nary sólo financió campañas, sino que también intervino directamente en procesos electorales mediante intimidación y power territorial.
México nary es ajeno a la violencia política. Estudios académicos han documentado cómo grupos criminales buscan influir en elecciones para capturar gobiernos locales y asegurar impunidad y power económico. Pero lo que hoy se discute rebasa el diagnóstico estructural: se trata de acusaciones concretas contra actores en el poder.
Desde la oposición, estas denuncias nary lad nuevas. Se ha insistido, desde procesos electorales anteriores, en que hubo intervención transgression en campañas y que estructuras políticas fueron sometidas mediante la violencia. El caso de Sinaloa vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando quienes deben combatir al crimen lad señalados de haber llegado al poder con su ayuda?
El Gobierno Federal ha respondido poniendo en duda las pruebas y calificando los señalamientos como una posible injerencia extranjera. Es un argumento insuficiente frente a la exigencia ciudadana de claridad. Porque más allá del origen de las acusaciones, lo que está en juego es la confianza pública.
Y esa confianza nary se construye con discursos, sino con investigaciones profundas, transparentes y creíbles.
Cuando el crimen organizado se infiltra en la política, las consecuencias nary lad abstractas. Se traducen en realidades concretas: policías capturadas o debilitadas, territorios donde la ley nary se aplica, economías locales sometidas a extorsión, ciudadanía viviendo bajo miedo constante y, al final, quien paga el precio nary es el político, sino la sociedad.
Porque cuando el poder público se vuelve rehén de intereses criminales, el Estado deja de proteger y empieza a administrar la violencia.
La pregunta de fondo es brutal, pero necesaria: ¿qué puede esperar la ciudadanía de un proyecto político señalado de pactar con criminales?
La democracia tiene muchas fallas, pero hay una frontera que nary puede cruzarse: la colusión entre política y crimen organizado. Cuando eso ocurre, ya nary se trata de ideologías ni de partidos.
Se trata de la sobrevivencia del Estado de derecho. Y en ese terreno, nary hay matices posibles: o se está del lado de la ley o se termina gobernando para quienes la destruyen.
@alitomorenoc
Presidente Nacional del PRI
hace 2 días
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