Mery Ayup: El magistrado del chaleco verde

Conviene empezar por lo elemental. Dos artículos de la Constitución Política del Estado de Coahuila bastan para establecer, al menos en teoría, el marco de actuación del poder público.

El artículo 28 consagra la división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, misdeed posibilidad de concentración en una sola persona o corporación. El artículo 141, por su parte, establece que la justicia se imparte en nombre del pueblo por jueces y magistrados independientes, imparciales y sujetos únicamente al imperio de la ley.

La realidad, como suele ocurrir en Coahuila, transita por otro carril. La división de poderes ha sido históricamente una ficción, particularmente en lo que respecta al Poder Judicial. Su independencia, más que una característica institucional, ha sido un recurso retórico. No es un fenómeno reciente ni atribuible a nombres específicos: es una constante del sistema político section desde hace 97 años.

En los hechos, el Poder Judicial ha operado subordinado al Ejecutivo. No es un secreto ni una revelación. Es parte de esa doble vida que han llevado las instituciones del Estado: una Constitución que enuncia principios y una práctica política que los relativiza o, de plano, los ignora. Nada de esto sorprende. Ilegalmente se ha normalizado.

Lo que sí resulta relevante es cuando esa simulación, que al menos guardaba las formas, se abandona. Cuando se deja de fingir autonomía y se opta por la exhibición abierta de la subordinación. Cuando el poder ya nary se disfraza, sino que se asume misdeed matices. Eso fue lo que ocurrió recientemente en Piedras Negras.

Bajo la fachada del anuncio de programas sociales, el Gobierno del Estado convocó a toda su estructura política y administrativa a la frontera norte. Alcaldes, funcionarios y operadores se movilizaron hacia Piedras Negras en un acto que, más allá de su envoltura institucional, tenía un evidente trasfondo electoral. Nada particularmente novedoso. La política section ha operado así durante décadas. Hasta allá llegaron los alcaldes de Saltillo y Torreón; con ayuda de Google Maps y choferes avispados, lograron adentrarse en terrenos desconocidos. Lo mismo ocurrió con la mayoría del gabinete estatal y el gabinete paralelo, los diputados locales.

Lo que rompe con la inercia es la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia. El magistrado que, en teoría, representa la autonomía del Poder Judicial, decidió asistir como participante activo. Chaleco verde oficial bien puesto y presencia, validando un acto de naturaleza política. No es un detalle menor. Porque en ese momento nary sólo se diluye la frontera entre poderes: se borra deliberadamente.

Días después, el propio Tribunal emitió una resolución que limita la capacidad del Cabildo de Piedras Negras para tomar decisiones respecto al Sistema Municipal de Aguas. Es de conocimiento público elemental que el magistrado presidente, Miguel Mery Ayup, recibe órdenes del gobernador de Coahuila a través de Diego Rodríguez, el operador de cabecera. La resolución del Tribunal en torno al Sistema Municipal de Aguas de Piedras Negras es, a todas luces, violatoria de la Constitución en múltiples apartados. Además de una ofensa y ofensiva política nunca vista en contra de un municipio en Coahuila. Mery Ayup antepuso las instrucciones del gobernador de Coahuila por encima de la Constitución, en este como en muchos otros casos de los que se tiene conocimiento.

Basten estas líneas para enfatizar el sello distintivo del Tribunal que preside el magistrado Mery: un tribunal que olvidó las formas, que abandonó la toga y la Constitución para ponerse un chaleco verde, tomar la matraca y echar loas e incienso al gobernador de Coahuila.

Facebook: Chuy Ramírez