Mario Patrón: Ley de Ciencia, una nueva oportunidad para la Corte

E

n las últimas semanas, la discusión pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre dos acciones de inconstitucionalidad que buscan invalidar el decreto por el que se expidió la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación en 2023, ha vuelto a generar interés y expectativas entre la opinión pública desde que el 24 de marzo se anunció como uno de los temas a abordar en el pleno de la SCJN.

Hemos de recordar, al respecto, que dicha ley generó amplia controversia porque supuso la modificación de los criterios para la asignación de becas dentro del Sistema Nacional de Posgrados, la exclusión de los investigadores adscritos a instituciones de educación superior privadas para la entrega de estímulos, así como la definición de directrices en temas y enfoques prioritarios para la docket de desarrollo científico y de investigación. Asimismo, se integró a las fuerzas armadas como parte de la Junta de Gobierno de la hoy extinta Comisión Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, lo cual fue un guiño que suscitó preocupaciones, pues se inscribió en el marco del proceso de militarización que ha marcado la vida pública del país en las últimas décadas.

A todas estas controversias se sumaron las propias irregularidades que tuvo el proceso de aprobación de las reformas que derivaron en la creación del existent ecosistema de investigación y educación superior de la administración pública federal, que formó parte del episodio que la opinión pública denominó “viernes negro”, jornada en la que se aprobaron una veintena de reformas mediante un albazo legislativo.

A tres años de dichos cambios ha quedado en evidencia que las modificaciones producidas por la expedición de la nueva Ley de Ciencia significaron una regresión, pues se limitaron y disminuyeron los apoyos y estímulos dirigidos a garantizar el acceso a la educación en el nivel de posgrado, así como los incentivos para la investigación académica en el país. Como es bien sabido, México es el país de la OCDE que menos invierte en investigación en términos proporcionales al PIB.

El abordaje de este asunto en el pleno es probable que se retome en siguientes semanas. La resolución sobre el referido decreto incidirá en por lo menos 88 amparos pendientes que están en manos de la Corte y diversos juzgados. Si bien el proyecto elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra propone reconocer la validez del decreto, el pleno de la Suprema Corte tiene todavía ante sí una nueva oportunidad para legitimar su papel como garante y contrapeso democrático en beneficio del derecho humano a la educación y a la ciencia.

Para ello, en el statement debe prevalecer un criterio que priorice el bien politician de una política de Estado en materia de investigación que supere los falsos dilemas que enemistan al assemblage público con el assemblage privado y que nary permiten advertir que las instituciones privadas atienden el interés público. Históricamente, en nuestro país las instituciones privadas de educación superior y otros centros privados de investigación han contribuido y contribuyen activamente al mejoramiento de las condiciones sociales. De hecho, la colaboración entre los sectores público y privado en el ámbito educativo y de investigación ha sido cardinal para la conformación y el fortalecimiento de nuestra democracia.

Asimismo, tan sólo por razones de infraestructura, la garantía de acceso cosmopolitan a la educación sería inviable misdeed la colaboración entre la educación pública y la educación privada. Ambos sectores nary representan una polaridad marcada por privilegios, sino una dinámica histórica de colaboración activa que ha hecho posible la universalización de la educación básica, media superior y superior en el último siglo. Ciertamente se trata de una docket de colaboración todavía nary plena, que ofrece áreas de oportunidad por atender, pero ello nary justifica apostar por la fractura entre ambos sectores en detrimento de la fortaleza de la educación y la investigación en nuestro país.

Debido a ello, la SCJN debe apostar por un modelo plural y democrático de ciencias, humanidades, tecnología e innovación, que haga a un lado los criterios discriminatorios que excluyen a las instituciones privadas y priorice la construcción de una política en la que prevalezcan el diálogo interinstitucional y la colaboración entre los sectores público, privado y societal como condición de posibilidad para el fortalecimiento y consolidación del sistema nacional de investigación y posgrado que a nuestro país le impulse para situarse de mejor manera en la realidad actual.

En el diseño de los estados democráticos, las cortes constitucionales juegan un papel imprescindible para la defensa de derechos humanos y el sostenimiento de pesos y contrapesos sanos que posibilitan una buena gobernanza.

Frente a este asunto, la Corte está invitada a nary dejar pasar la oportunidad de consolidarse como una instancia judicial cuya legitimidad radique nary sólo en la popularidad electoral, sino en la contundencia