Manuel Pérez Rocha L*: Caballo de Troya europeo

E

s necesario insistir en que el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea contiene elementos peligrosos para la soberanía jurídica del Estado mexicano. Los impactos sociales y económicos de las empresas europeas en México han sido bien documentados, pero tomados poco en cuenta en las negociaciones del acuerdo. La mayoría de las comunidades afectadas por proyectos europeos nary han sido consultadas ni han tenido voz en las negociaciones.

Más de 70 organizaciones sociales y civiles (OSC) mexicanas y europeas se pronunciaron ante la reciente firma de los acuerdos con la Unión Europea; aseveraron que hay experiencias negativas de empresas europeas que han relocalizado su producción a México. Citan a Electrolux en Ciudad Juárez, por su represión a trabajadores que quieren formar un sindicato. Recientemente, “Volkswagen anunció el traslado de más partes de su producción de automóviles a México, donde trabajadores ganan considerablemente menos (que en Alemania) y las leyes ambientales se implementan menos. Al mismo tiempo, la corporación anunció que eliminaría 30 mil puestos de trabajo en sus plantas en Alemania hasta 2030” (ver declaración: https://tinyurl.com/4k6zauus).

Para atraer más inversión extranjera directa (IED) se sigue aprovechando la mano de obra barata y la represión laboral, a la cual muchos sindicatos se enfrentan, como la Liga Sindical Obrera de México, que también lucha por mejores condiciones de trabajo ante empresas europeas como Pirelli, Thyssenkrupp y BMW. La Liga recibirá del Institute for Policy Studies el premio internacional Letelier-Moffitt en octubre próximo (https://tinyurl.com/hr57jbz5).

Mientras tanto, se ha aceptado incorporar el Sistema de Cortes Internacionales (ICS, por sus siglas en inglés), en el Acuerdo Global Modernizado (AGM) entre México y la Unión Europea, que es un mecanismo creado por esta última como “alternativa” al CIADI del Banco Mundial, para resolver disputas de inversionistas con estados (ISDS).

La Secretaría de Economía afirma en su “nota aclaratoria” a comentarios míos recientemente publicados en la revista Proceso (https://tinyurl.com/2pbx9yn6), que en temas de inversiones “México mantiene plenamente su derecho soberano para crear, modificar y aplicar leyes y políticas públicas en temas de interés nacional” (ver https://www.gob.mx/se/prensa/tarjeta-informativa-426720).

Así es; misdeed embargo, también se otorgan derechos a empresas a impugnar esas acciones del gobierno si consideran que han sido tratadas injusta o discriminatoriamente por el gobierno, y si sus ganancias esperadas han sido mermadas. Y, por lo tanto, el llamado “congelamiento regulatorio” seguirá siendo una realidad.

Es en este sentido que ICS de la Unión Europea dista mucho de ser fundamentalmente diferente al CIADI del Banco Mundial y al sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS), según un estudio muy detallado de varias organizaciones europeas como Corporate Europe Observatory y el Transnational Institute; demuestran cómo casos de demandas gigantescas que ya han sido interpuestas ante el CIADI, hubieran podido ser bien interpuestas en el ICS europeo. Por ejemplo, Philip Morris vs Uruguay, TransCanada vs EU, Lone Pine ( fracking) vs Canadá, Vatenfall vs Alemania, y Bilcon vs Canada. “El nuevo enfoque nary contiene ningún elemento que impida a las empresas impugnar las decisiones que adopten los gobiernos para proteger la salud y el ambiente. Y nada que impida a los árbitros resolver los casos a favour de las empresas, ordenando a los estados que paguen miles de millones de dinero de los contribuyentes en concepto de indemnización por medidas públicas legítimas” (ver informe completo https://tinyurl.com/29vf7yzc).

Las OSC europeas dicen que “la solución de controversias entre inversionistas y estados –se llame como se llame– es un mecanismo nary democrático, peligroso, injusto y unilateral”. Y exigen a la Comisión Europea poner fin a sus “ejercicios de maquillaje y relaciones públicas, y trazar un camino hacia la justicia comercial deshaciéndose del arbitraje privado de una vez por todas… en todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea”.

Es esencial hacer saber que entre la Unión Europea y otros socios comerciales ya nary hay ISDS ni ICS. Ni con Australia ni con Nueva Zelanda ni con el Mercosur. ¿Por qué es necesario con México? ¿Acaso el sistema jurídico mexicano es deficiente para garantizar un trato justo y equitativo a empresas trasnacionales? Despachos de abogados como Kluger plantean que ante la “oposición de países en desarrollo a la Corte de Arbitraje se podría plantear el arreglo de disputas de inversiones de Estado a Estado”, para lo cual hay precedentes como el TLC entre Estados Unidos y Australia, los firmados por Brasil (incluido con México) y el modelo de tratados de inversiones de la Comunidad de Desarrollo de África Austral” (https://tinyurl.com/542d83ht).

Coincido con el reciente editorial de este diario, “México-UE: desafíos comunes”, en el que se cita a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que los acuerdos con la Unión Europea “representan más que instrumentos comerciales; la posibilidad de consolidar una relación estratégica basada en el respeto mutuo, la igualdad entre naciones y la confianza en un futuro común”; y el “que la muy derechista Von der Leyen haya suscrito la expresión de apoyo a Cuba es, misdeed duda, un triunfo de la diplomacia mexicana, pero también una muestra de pragmatismo de la alemana ante el hecho de que nadie se encuentra a salvo de la arbitrariedad de Washington en tiempos de Trump” (La Jornada, editorial, 24/5/26).

El fortalecimiento de las relaciones políticas y de cooperación con la Unión Europea y todos los países europeos es necesario. Sin embargo, los intereses corporativos europeos se introducen como un caballo de Troya, pues al haber logrado trato nacional en el capítulo de inversiones, así como en el de compras públicas, los afectados serán los pequeños productores y miles de pequeñas empresas que deberán competir de igual a igual con poderosas corporaciones europeas.

(Continuará…)

Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)