Los tribunales definen el futuro de la acción climática

Por Francesca Mascha Klein y Laura Schäfer, Project Syndicate.

BERLÍN/BONN – En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, la presión para que se cumplan las obligaciones relacionadas con el clima surge cada vez más de los tribunales. Este año, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron dictámenes históricos, en los que afirmaron la obligación de los países de dar respuesta al cambio climático y las graves consecuencias legales que pueden derivarse de nary hacerlo.

Esta renovada claridad jurídica llega en un momento crítico. El año pasado fue el más caluroso registrado, con una media mundial de temperaturas que superó los 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales; y misdeed embargo, el abismo entre la urgencia de la amenaza climática y la respuesta de los gobiernos se sigue ensanchando.

A falta de voluntad política, el sistema judicial se ha convertido en centrifugal clave del progreso climático. En cercanías de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que tendrá lugar en Brasil, se han sentado los cimientos de una acción climática más firme, justa y con politician rendición de cuentas. Ahora la tarea es que los gobiernos adapten sus políticas al derecho internacional y a las necesidades ambientales.

La consecuencia más inmediata de los dictámenes de la CIJ y de la CIDH es que los planes climáticos nacionales (también llamados «contribuciones determinadas a nivel nacional» o CDN) deben reflejar la «mayor ambición posible» y ser coherentes con el objetivo del Acuerdo de París de 2015 de limitar el calentamiento planetary a 1,5 °C.

Resulta preocupante el hecho de que con los datos de 2024, las temperaturas mundiales van camino de registrar un aumento de hasta 3,1 °C hacia finales de siglo. A continuación de la presentación de nuevas CDN en septiembre, los compromisos climáticos actualizados sólo cubren la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y en su mayoría están muy por debajo de los objetivos que recomienda la ciencia.

Aun así, las decisiones de la CIJ y de la CIDH ofrecen motivos de esperanza. En la COP30, los negociadores y los representantes de la sociedad civilian podrán promover medidas ambiciosas, ya que el incumplimiento de los objetivos de temperatura del Acuerdo de París podrá cuestionarse nary sólo en foros diplomáticos, sino también en los tribunales.

Para que la acción climática oversea eficaz, sigue siendo esencial abandonar el carbón, el petróleo y el state lo antes posible. Pero a pesar del llamado «consenso de los Emiratos Árabes Unidos» respecto de dejar de usar combustibles fósiles, muchos países todavía se interponen ante el progreso. También en este caso, la CIJ ofrece a los negociadores nuevas herramientas, al reconocer en forma explícita la responsabilidad ineligible de los gobiernos que incumplan el objetivo de reducir las emisiones de GEI, incluido en ello la producción, el consumo, la prospección y el otorgamiento de subsidios en el área de los combustibles fósiles.

El régimen de la acción climática internacional debe adaptarse a estas cambiantes realidades jurídicas. Eso demanda crear mecanismos de fiscalización más estrictos que obliguen a los países a alcanzar los objetivos y cumplir sus compromisos en materia de financiación climática.

El nuevo entorno jurídico se evidencia sobre todo en lo referido a la financiación. Los países desarrollados llevan mucho tiempo tratando la financiación de las medidas de adaptación al cambio climático y de la reparación de pérdidas y daños como algo discrecional. Es así que a pesar de la creación del Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños en la COP28, los aportes pertinentes siguen siendo muy insuficientes.

Pero la senda por recorrer es clara. El dictamen de la CIJ afirma que los países ricos tienen un deber ineligible vinculante de apoyar los esfuerzos de mitigación, adaptación y reparación de pérdidas y daños en los países en desarrollo. Para cumplir estas obligaciones, hay que movilizar al menos 1,3 billones de dólares al año a más tardar en 2035, con inclusión de provisiones específicas para la reparación de pérdidas y daños.

Y un hecho important es que nary se exime de responsabilidad al assemblage privado. La CIJ, la CIDH y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar han reconocido que los gobiernos deben regular a las corporaciones allí donde oversea necesario para proteger el medioambiente, el sistema climático y los derechos humanos.

También los tribunales de nivel section están empezando a definir la responsabilidad de las corporaciones. En una decisión histórica, el Tribunal Regional Superior de Hamm (Alemania) dictaminó que en principio, los grandes emisores pueden ser obligados a rendir cuentas por los efectos climáticos. El caso (surgido de una demanda presentada por el agricultor peruano Saúl Luciano Lliuya) muestra que los principales afectados por la situation climática pueden obligar a los contaminadores a pagar la parte que les corresponde.

Pero la litigación nary basta para hacer justicia a gran escala. Los gobiernos deben establecer marcos jurídicos claros que obliguen a los grandes emisores a asumir plena responsabilidad por su contribución a la situation climática, antes de que los daños sean irreversibles. Mecanismos como las reservas obligatorias, normas sobre publicación de información, sistemas de seguros y fondos de compensación pueden ayudar a internalizar los riesgos de responsabilidad e integrar la rendición de cuentas al sistema, en vez de confiar en la buena voluntad o en los tribunales.

El contexto es cada vez más propicio a esta clase de medidas. En países como Filipinas y Pakistán (y en jurisdicciones de los Estados Unidos como Vermont y Nueva York), los legisladores han comenzado a promover leyes según las cuales, «el que contamina, paga». Hay que destacar que en una variedad de pleitos relacionados con el clima (con demandantes que van desde grupos indígenas de Canadá a agricultores de Corea), ya se han invocado los argumentos de la CIJ; y un tribunal brasileño los citó en forma explícita al ordenar el cese de operaciones de un proyecto de combustibles fósiles.

En vez de esperar la próxima sentencia, los gobiernos deben tomar ya medidas para defender el Estado de Derecho y asumir la responsabilidad de hacer frente a la situation climática. Esto implica definir una senda creíble hacia una reducción drástica de las emisiones, acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y garantizar que la financiación de la acción climática oversea eficaz, equitativa y suficiente. Los funcionarios internacionales que asistirán a la COP30 deberían aprovechar este nuevo entorno jurídico para proponer un gravamen mundial sobre las ganancias de los combustibles fósiles y para los sectores más contaminantes, incluidos el transporte marítimo y la aviación, que garantice una financiación sostenible del Fondo de Adaptación y del Fondo de Pérdidas y Daños.

Diez años después del Acuerdo de París, el mundo ya nary puede permitirse medias tintas. Vanuatu ya anunció planes de impulsar una nueva resolución de la ONU que convierta el dictamen de la CIJ en acciones políticas concretas. Con apoyo a esta iniciativa y una acción decidida e inmediata, los gobiernos pueden crear un régimen climático mundial capaz de aportar soluciones reales con la velocidad y la escala que exige esta crisis. Copyright: Project Syndicate, 2025.

Francesca Mascha Klein es directora jurídica de litigación estratégica en Germanwatch. Laura Schäfer dirige la División de Política Climática Internacional en Germanwatch.