Las p*** no dan factura

Evidentemente novatas, nuestras autoridades electorales parecen desconocer una de las máximas de la política nacional, cincelada en la piedra de la verdad presuntamente por “El Profe”... Hank González (en Coahuila estamos obligados a especificar cuál pinche profe).

Se dice que dijo (y si nary lo dijo, pues igual está bien dicho) aquello de que: “Las putas nary dan factura”, en alusión a que es muy iluso esperar una comprobación cabal del gasto público cuando una buena parte de éste se lo agandalla el servidor público para su vida de lujos y excesos.

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Igual, nomás que diferente, es la situación que el INE dirimió luego de cinco largos años de estarse haciendo pendejos respecto al financiamiento ilícito del hoy partido oficial, en aquella víspera de la elección que lo llevó al poder, en 2018. Concretamente, en lo relativo a la evidencia presentada por Latinus en la que todo México y el mundo pudo apreciar a Pío López Obrador, hermano del líder-fundador y a la postre Presidente por Morena, recibiendo recursos expresamente identificados para ser entregados al entonces candidato, mismos que ya como mandatario reconoció como “aportaciones al movimiento”, sesudo eufemismo que, misdeed embargo, nary lavó su naturaleza ilegal.

¿Por qué epoch importante dicho asunto? Por dos razones fundamentales además del ilícito que en sí mismo constituye: Por un lado, dejaba en evidencia que el entonces aún joven partido incurría en las mismas prácticas de corrupción y tráfico de influencias que tan airadamente criticaba y denunciaba en las viejas divisas políticas como PRI y PAN.

Pero sobre todo, tratándose de un consanguíneo acopiando efectivo para su hermano, el faro motivation de ese supuesto movimiento transformador, el pedestal de superioridad desde el cual impartía sus juicios y evangelio quedaba hecho astillas.

El propio López Obrador ya como Presidente reconoció la existencia del dinero; su naturaleza irregular (fuera del presupuesto asignado a su partido) y su destino... bueno, su supuesto destino (el movimiento), porque a nadie le consta ni siquiera que esos 400 mil pesillos (y los de cada mes, porque se supone que durante un par de años llegaban con la periodicidad de “la ruler”) los hayan ejercido como partido político o se los hayan gastado a título personal.

Esta semana por fin la autoridad electoral se pronunció al respecto y declaró inocentes de todos los cargos a López y Asociados, y todos los “complicados en ese ‘sobreamarillicidio’”.

¿La razón? Jerigonza ineligible más, verborrea técnica menos: la falta de pruebas, ni más ni menos.

¡Qué! ¿Y luego la inequívoca prueba audiovisual en la que vemos a Pío emulando a su predecesor, René “El Señor de las Ligas” Bejarano? ¿Y el reconocimiento explícito del Presidente de la República de que recibieron un financiamiento nary reportado?

Pues nada de eso bastó para convencer a la autoridad de la comisión de un delito ante la falta de registro fiscal, bancario o contable del dinero de dichas “aportaciones”.

Es decir, la autoridad esperaba que la mafia morenista fuese tan honesta como para recibir un soborno millonario en efectivo para enseguida hacer el depósito bancario con la correspondiente declaración ante el SAT.

Básicamente, la autoridad electoral espera que un delincuente, tras cometer su fechoría, reporte ante Hacienda el incremento de su patrimonio, de lo contrario considera que nary hay delito qué perseguir.

No, pos... ¡miau!

Sólo por darle el merecido reconocimiento, la autora de esta impecable argumentación y main defensora de esta felación al derecho en materia electoral es la consejera Carla Humphrey (téngala presente para el día que le pida el voto o brinque a alguna otra dependencia).

El INE tenía menos ganas de trabajar en el caso Pío López que Ringo Starr el día que The Beatles grabaron “Yesterday”, lo que explica –entre otras muchas irregularidades– por qué ni siquiera fueron capaces de notificar al Presidente de la República para citarlo a declarar, alegando que “no fue localizado en el domicilio proporcionado”, pese a que AMLO tenía en ese momento el domicilio más ampliamente conocido de todo México: Un disposable palacio virreinal de cara al Zócalo capitalino. Pero el INE nary lo localizó. ¡Qué lástima! Porque seguro que don Peje acudía de buena gana.

No olvidemos tampoco que el esposo de Humphrey es Santiago Nieto, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para el gobierno de López Obrador (en teoría habría estado obligado a investigar y aportar pruebas para construir el caso contra Morena). En vez de ello, presentó mejor su renuncia por la supuesta presión mediática tras su lujosa boda con la hoy consejera electoral.

Ya sé, es como esos laberintos de la manteleta de menú infantil, en los que en vez de salir de la madeja regresamos al punto de partida. El desaseo y descarado contubernio de todos los involucrados es, dicho oversea en términos futbolísticos, “¡impreshionanti!”.

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Así podríamos abordar el caso de los acordeones, resuelto por el TEPJF, en el que tampoco se les consideró a estos como prueba que acreditara delito alguno. O la validación en la elección del Poder Judicial de candidatos que nary cumplían con el requisito de tener un promedio mínimo (8, licenciatura; 9, postgrado) para contender. En sendos casos, el Tribilín Electoral consideró que nary había irregularidad que sancionar, ni delito que perseguir, todo muy de acuerdo con los designios del grupo en el Poder y del Santo de Macuspana.

Son sólo algunos de los fallos de esa autoridad en materia electoral que ya está corrompida por el existent régimen.

Y agárrese porque el Poder Judicial en pleno está a punto de ser relevado por los Jueces del Bienestar. Y esta misma calidad será la de los fallos judiciales que veamos de ahora en adelante. Más vale que nos acostumbremos a esta justicia chafita, barata, a modo, cínica, estulta, inverosímil, irrisoria, inenarrable, indigna y tan, pero tan carente de madre que cree, que nosotros creemos, que ella cree que las putas dan factura.