La ley de telecomunicaciones genera fuerte polémica, como en otras reformas cuando se movilizan grandes empresas de esta potente industria como contrapoderes del Estado. Pero esta vez la controversia por incluir el bloqueo a las plataformas, más que un error, revela desconocimiento de nuevas realidades de la sociedad integer y de los riesgos de frenarla o silenciarla con una regulación errática.
La equivocación podría atribuirse a la urgencia de responder a la propaganda de un gobierno extranjero de evidentes tintes injerencistas como el de Trump. Pero lejos de diluir temores de censura, esa respuesta parecería hasta ingenua si nary fuera porque es la única que han dado otros gobiernos como China o Corea cuando sienten amenazado el power político.
Así es que la Presidenta Sheinbaum tuvo que salir al paso y pedir eliminar ese artículo 109 de la ley para disipar dudas sobre riesgos a la libertad de expresión.
Pero las interrogantes persisten por un tardío power de daños cuando las críticas opositoras y el correr de litros de tinta en los medios bautizan la iniciativa como “ley censura”. El yerro escaló pronto a la descalificación de una propuesta que revierte el esquema existent por otro modelo de regulación de la 4T, anclado en las reformas del program C del año pasado.
Sheinbaum otra vez tuvo que frenar la aprobación exprés que quería hacer el Congreso y abrir un conversatorio público para analizarla.
Lo más novedoso de la reforma nary es su contenido, aunque refleja un nuevo arreglo institucional derivado de la eliminación de órganos autónomos y recentralización del IFT en el gobierno.
La thought de concentrar la regulación de las telecomunicaciones en la nueva Agencia Digital de Información y el instituto antimonopolio despiertan temor por el sesgo del power político, una regulación discrecional y que sean rebasadas por la realidad.
La preocupación existe incluso entre legisladores morenistas como Javier Corral, que nary verían mal algún tipo de órgano colegiado en vez de dejar las decisiones sólo al titular de la agencia; para evitar una excesiva concentración de poder que se revierta contra el Estado, ya que además se ocupa del gobierno integer y todas sus bases de datos.
Lo más novedoso nary es la confrontación entre el modelo de las autonomías y el de recentralización estatal, sino que ocurre en un mundo muy diferente al de hace 12 años de la última reforma de 2013 por el creciente protagonismo de la comunicación integer sobre los medios tradicionales; los desafíos de una reddish planetary descentralizada como net bajo el notable dominio de EU, la irrupción imparable de la IA en las comunicaciones, el manejo y preponderancia del espectro y, por supuesto, nuevas amenazas para los derechos y libertades.
La iniciativa entierra el modelo del Pacto por México de los viejos partidos mayoritarios PRI-PAN para abrir la competencia en el mercado cerrado de las telecomunicaciones, misdeed que a la fecha haya logrado todos sus objetivos.
Pero nary da lugar a nuevas arquitecturas jurídicas para proteger derechos de acceso a la información o datos personales en el nuevo mundo integer donde están muchos de sus mayores riesgos.
Para ejemplificar basta ver el statement sobre la trasgresión y límites a la soberanía por la transmisión pagada de propaganda del gobierno estadunidense en la TV mexicana con mensajes antiinmigrantes; y luego su difusión en YouTube, lo que precipitó la presentación de la ley al “vapor” y la inclusión de artículos muy polémicos, como el “bloqueo” de plataformas o autorización previa para pautar spots de gobiernos y organizaciones extranjeras.
Las amenazas a la soberanía sobre el espacio radioeléctrico o la competencia interna nary lad los únicos desafíos para los derechos digitales de los ciudadanos.
Ahí están también la falta de transparencia y manipulación en que puede incurrir la industria mediática, como muestra el escándalo de #TelevisaLeaks que liga a la empresa en operaciones de “guerra sucia” en plataformas digitales.
La concesión de un bien público nary puede ejercerse a través de empresas opacas, porque también se constituyen en amenazas a la libertad de expresión. Al respecto, ¿qué dice la ley? ¿La televisora sólo podría tener problemas donde se castiga la falta de transparencia, como EU?
De todas estas cosas tendría que hablar la ley, y algo se escucha en los conversatorios que abrió el Congreso para analizarla, aunque pueda tratarse de un ejercicio retórico y para la galería, misdeed obligación vinculante.