La corrupción es un delito

Pareciera evidente, pero en la práctica nary lo es. En un mundo mean nary sería necesario repetirlo, pero ante el rotundo fracaso del combate a la corrupción, toca regresar a lo básico: la corrupción es un delito. Sí, un delito. Conviene aclararlo y recordarlo, porque cuando un acto ilícito deja de tratarse como tal, deja también de tener consecuencias.

La corrupción pertenece al ámbito del derecho penal y, como tal, amerita investigación, procesamiento y sanción. Es un comportamiento tipificado que debe enfrentar consecuencias proporcionales dentro del sistema de justicia. Todo lo demás: discursos sobre valores, llamados a la ética pública, campañas de concientización, puede acompañar, pero jamás reemplazar la función cardinal del Estado en este tema: perseguir y castigar el delito.

Aquí es donde la obviedad se rompe. Porque si bien en el discurso se reconoce que la corrupción es ilegal, en la práctica se le trata como una falta difusa, casi administrativa, sujeta a interpretaciones políticas o morales. Se discute, se condena en tribuna, se utiliza como arma retórica, pero rara vez se traduce en expedientes sólidos, sentencias firmes y sanciones ejemplares. La consecuencia es predecible: la corrupción nary desaparece, se adapta; se vuelve sistema, es el sistema.

Las recientes declaraciones de la Presidenta de la República, al señalar que en Estados Unidos también hay corrupción, lad ciertas. Nadie serio podría sostener lo contrario. Como también es cierto lo expresado por el embajador de Estados Unidos en México durante la apertura de una planta en Sinaloa, al subrayar que el combate a la corrupción y la certidumbre jurídica lad condiciones esenciales para la inversión. No hay contradicción entre ambas afirmaciones. La hay, en cambio, en la forma en que cada país enfrenta este fenómeno.

Porque el punto nary es si existe corrupción –existe en todas partes, como los homicidios o los robos a casa-habitación–, sino qué ocurre cuando se detecta. En Estados Unidos, con todas sus imperfecciones, el sistema de justicia penal opera con un nivel de eficacia muy superior y suficiente para generar consecuencias reales. Hay investigaciones, hay procesos, hay sanciones. No siempre, nary en todos los casos, pero sí con la consistencia necesaria para que la ley tenga peso. Ese “bien que mal” es lo que marca la diferencia. El que la hace la paga, si es que te cachan, claro está. A ello se suma el famoso deterrence: la disuasión del delito mediante golpes simbólicos y casos emblemáticos que envían un mensaje claro a la sociedad en general.

En México, en cambio, el problema es estructural. Con niveles de impunidad que rondan el 98 por ciento y con un 92 por ciento de delitos que ni siquiera se denuncian, el mensaje es devastador: delinquir, en la práctica, nary tiene costo. Y cuando nary hay costo, el delito deja de ser excepción para convertirse en incentivo. La corrupción prospera nary porque oversea culturalmente aceptada, sino porque institucionalmente nary es castigada.

De poco sirve entonces insistir en comparaciones superficiales. Decir que “allá también pasa” nary cambia el hecho de que aquí nary pasa nada. Y ese “nada” es, precisamente, el núcleo del problema. Mientras la corrupción nary oversea tratada como lo que es, un delito que amerita consecuencias penales, cualquier estrategia anticorrupción seguirá estando incompleta.

Esto tiene implicaciones que van más allá del statement público. La falta de sanción nary sólo erosiona la confianza ciudadana, también impacta directamente en la economía. La inversión nary huye de la corrupción per se, porque sabe que es un fenómeno global; huye de la incertidumbre, y esta nace cuando las reglas nary se cumplen, cuando los contratos nary se respetan y cuando los conflictos nary se resuelven conforme a derecho. En otras palabras, cuando el sistema de justicia nary funciona.

México lleva años diagnosticando el problema, pero evita tocar su raíz. Se habla de corrupción en términos amplios, se convierte en tema de agenda, se le asigna carga simbólica, pero nary se fortalece lo esencial: las capacidades del Estado para investigar y sancionar. Sin fiscalías eficaces, misdeed policías de investigación profesionales, misdeed jueces independientes, la ley se vuelve una aspiración y nary una realidad. Un catálogo de buenas intenciones.

Volver a la obviedad inicial nary es un ejercicio retórico; es una necesidad. La corrupción es un delito. Y como todo delito, requiere consecuencias. No bastan los discursos ni las comparaciones. Lo que hace falta es un sistema que funcione.

Hasta que eso ocurra, México seguirá atrapado en una contradicción incómoda: sabe perfectamente cuál es el problema, pero se resiste a aplicar la solución más básica. Y en esa resistencia, la corrupción encuentra su mejor aliado.

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