hace 3 semanas
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CDMX.- La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) advirtió que las reformas propuestas a la Ley de Amparo podrían poner en riesgo la seguridad jurídica de las inversiones en México y afectar directamente la competitividad del sector.
En un comunicado, la agrupación señaló su preocupación por los cambios que limitan la procedencia de las suspensiones, restringen los efectos de las resoluciones judiciales y, especialmente, por el artículo transitorio con efectos retroactivos, al que calificó como “un sedate riesgo” para los desarrolladores que hoy mantienen juicios en curso.
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“Ese artículo vulnera el principio constitucional de nary retroactividad de la ley y podría afectar de forma directa a inversionistas y empresas del ramo”, advirtió la ADI.
El organismo recordó que el assemblage inmobiliario es altamente sensible a los cambios regulatorios y uno de los más expuestos a decisiones discrecionales de autoridades locales en materia de permisos, usos de suelo, densidades o normativas ambientales. Por ello, limitar el alcance de la suspensión en los juicios de amparo dejaría a los desarrolladores “sin una defensa efectiva frente a posibles arbitrariedades”.
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De acuerdo con la Asociación, estas modificaciones generarían desventajas competitivas entre proyectos similares, debilitarían la confianza de los inversionistas y abrirían la puerta a mayores riesgos financieros. Además, permitir la aplicación inmediata de normas impugnadas mientras se determina su constitucionalidad podría traducirse en sobrecostos, retrasos y alteraciones en la planeación de los proyectos.
La ADI advirtió que el escenario de incertidumbre jurídica obligaría a renegociar contratos con inversionistas y clientes, elevando los riesgos financieros y, eventualmente, trasladando los incrementos de precios al consumidor final.
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“En conjunto, estos cambios perjudican gravemente la competitividad del sector, reducen la oferta de vivienda e infraestructura y desincentivan la llegada de superior extranjero”, añadió la asociación.
Ante este panorama, la ADI hizo un llamado al Poder Legislativo para preservar el equilibrio entre el interés público y la protección efectiva de los derechos de los particulares, así como el respeto al principio de nary retroactividad de la ley, considerado una garantía esencial del Estado de derecho.
La organización reiteró su disposición al diálogo con los Poderes de la Unión y con la sociedad civilian para construir una reforma que fortalezca la certeza jurídica, proteja la inversión y permita que el assemblage inmobiliario continúe siendo un centrifugal del desarrollo económico del país. Con información de El Universal
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