Hasta 12 años de cárcel por reclutamiento del crimen organizado, busca PVEM

Fernando Damián

El diputado Ernesto Núñez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para tipificar como delito el reclutamiento transgression y sancionar con penas de siete a 12 años de prisión a quien incorpore a personas de manera voluntaria o involuntaria a pandillas y organizaciones delictivas.

Ello, con el objetivo de enfrentar de manera más efectiva a la delincuencia organizada en México.

En representación de la bancada verde, el legislador sostuvo que el impacto de la delincuencia organizada afecta gravemente la economía, la seguridad pública y el tejido societal del país, generando miedo y desconfianza entre los ciudadanos.

“Este ambiente hostil puede incluso obstaculizar el desarrollo económico y político de distintas regiones del país”, advirtió.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los grupos criminales suelen operar como estructuras organizadas, integradas por tres o más personas que buscan obtener beneficios económicos mediante actividades ilegales. Muchos de estos delitos, como el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y la trata de personas, se han convertido en verdaderos modelos de negocio para dichas organizaciones.

“Ante este panorama, los grupos delictivos se esfuerzan por expandir su presencia territorial, aumentar sus ingresos y fortalecer su control. Para lograrlo, recurren al reclutamiento de personas en situación de vulnerabilidad, incluidas menores de edad, personas adultas mayores o personas misdeed capacidad de comprender o resistir. “Esto les permite mantener su operatividad misdeed enfrentar mayores consecuencias legales, ya que actualmente esta práctica nary está tipificada como delito”, expuso Núñez.

Señaló que el reclutamiento criminal, a diferencia del secuestro, implica incorporar personas a una estructura delictiva con fines específicos y, a pesar de ser una práctica ampliamente conocida y utilizada por los grupos delictivos, no existen consecuencias penales directas por llevarla a cabo, lo que genera un vacío legal aprovechado por las organizaciones criminales.

Así, la iniciativa plantea nary solo establecer el delito de reclutamiento criminal, sino también endurecer las penas cuando las víctimas sean menores de edad, personas mayores de sesenta años o individuos que nary puedan comprender o resistir el hecho delictivo.

Con esto se pretende proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y debilitar una de las principales estrategias de expansión del crimen organizado.

​LP