CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Clara Brugada adelantó que su administración ampliará la reserva territorial del Gobierno de la Ciudad de México mediante la adquisición de suelo para la construcción de vivienda societal y asequible, como parte de un conjunto de reformas constitucionales que presentó este 22 de abril y “estará enviando” en próximos días al Congreso capitalino.
Al ser cuestionada sobre cuánta reserva territorial prevé adquirir el gobierno y cuánta ha adquirido ya para garantizar la construcción de vivienda social, la morenista evitó dar cifras: “No traemos ahorita los datos de la reserva territorial, pero el Gobierno de la ciudad, por supuesto que debe adquirir, debe comprar reserva territorial. Si queremos construir vivienda, pues tenemos que hacer esa adquisición y posteriormente estaremos informando al respecto”.
La inclusión de esta medida fue presentada por el gobierno capitalino como parte de la respuesta a las presiones generadas por el encarecimiento de la vivienda, el aumento de las rentas y el desplazamiento de población, fenómenos que la propia jefa de Gobierno vinculó con una “legítima exigencia de grandes mayorías sociales” y con demandas que, señaló, han sido expresadas desde las calles y por organizaciones en el marco de la discusión sobre gentrificación en la ciudad.
La ampliación de la reserva territorial quedó incorporada en el proyecto de decreto como una obligación que el gobierno capitalino busca elevar a rango constitucional.
Durante la presentación del conjunto de reformas, Brugada señaló que la iniciativa incluye “un mandato para que el Gobierno de la ciudad continúe ampliando su reserva territorial, adquiriendo suelo para la producción de vivienda social” .
Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, precisó que con lo anterior se establece que el gobierno deberá implementar “una política integral para incrementar de manera significativa la oferta de vivienda societal y asequible” y que “ampliará permanentemente su reserva territorial, para garantizar el derecho a la vivienda adecuada y asequible, a través de la adquisición de suelo”.
“La solución pasa por incrementar de manera significativa la oferta de vivienda. Eso significa que tiene que haber más inversión pública y privada, para que haya más oferta”, dijo el funcionario.
La propuesta incorpora otra obligación: que el gobierno implemente una política integral para incrementar la oferta de vivienda societal y asequible y los mecanismos de acceso a la misma, en peculiar para población joven y sectores con menores ingresos.










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