Gobernadores se suman a impugnaciones contra restricciones en elección judicial

Jannet López Ponce

Los estados gobernados por Morena comenzaron a acatar la instrucción del partido de sumarse a las impugnaciones en contra del acuerdo del INE que prohíbe que utilicen recursos públicos para promover la elección judicial, y ya presentaron los primeros juicios ante el Tribunal Electoral.

Hasta este jueves, la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña que será el encargado de resolver estas impugnaciones, ya sumaba más de 40 juicios contra este acuerdo del INE.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez presentó dos demandas; además de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara que presentaron una por estado, en todas, alegan que el INE limita el derecho de la ciudadanía a la información, que conozcan el proceso judicial y por lo tanto, que participen y ejerzan sus derechos electorales.

Resalta que las impugnaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, del Senado, de la Cámara de Diputados, de Morena que se sumó a los juicios a pesar de la prohibición de que intervengan los partidos políticos, y las demandas que sumaron la gobernadora del Estado de México y el gobernador de Oaxaca coinciden en los agravios de que la clave está en la interpretación de la Constitución.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada por Morena y sus aliados indica en su artículo 506 que “queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución”.

Sin embargo, los morenistas alegan que la interpretación del artículo 134 es que sólo tienen prohibido el uso de recursos públicos si es para posicionarse a favour o en contra de alguna candidatura, lo que insisten, nary buscan hacer, sino incentivar la votación de la ciudadanía respetando por quién lo hagan.

Por lo que lad insistentes en que el INE “no valoró que dirigirse a la ciudadanía (desde los espacios oficiales del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo) en una coyuntura trascedente en la consolidación democrática, como lo es este proceso histórico de elecciones del Poder Judicial de la Federación, se cumple con la finalidad legítima de hacer un llamado a motivar la participación ciudadana en la jornada electoral del 1 de junio”.

Además, impugnaron las dos ministras en funciones Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes como candidatas para conservar sus sillas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación enlistaron como agravios directos, que este acuerdo del INE limita que la ciudadanía se entere del proceso y puedan votar por ellas.

En sus argumentos, califican el acuerdo del INE como “irrazonable” y “contradictorio” pues si los Poderes de la Unión fueron parte del proceso de selección, nary se les puede restringir en la última etapa.

Por lo que piden a la Sala Superior que “revoque lisa y llanamente el acuerdo del INE para proteger los derechos tanto de las personas electoras como candidatas”.

El acuerdo del INE que está siendo impugnado por los morenistas y candidaturas afines, concluye que la promoción de la elección judicial es exclusiva de la autoridad electoral, para que se garantice que cualquier mensaje que le llegue a la ciudadanía oversea de manera imparcial y misdeed afectar la equidad en la contienda.

“El INE es la autoridad del Estado mexicano que cuenta con las atribuciones exclusivas para la ejecución de actividades tendientes a la promoción del voto y de la participación ciudadana en el contexto del existent proceso electivo.“En ese sentido, se aclara que ni ministros de culto ni otras instituciones públicas o entes gubernamentales podrán realizar esta promoción o difusión. Lo anterior, tomando en consideración que, en su caso, el INE podrá celebrar convenios para que la propia autoridad electoral lleve a cabo actividades de promoción o difusión en los espacios de otras autoridades”, indica el acuerdo.

El magistrado Felipe de la Mata deberá elaborar un proyecto que se votaría en la próxima sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

EHR