Familiares de víctimas del Colegio Rébsamen acusan a FGR de quitarles estatus y no proceder contra la SEP

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada
Jueves 20 de agosto de 2026, p. 28

Familiares de un grupo de víctimas del colapso del Colegio Enrique Rébsamen acusaron a la Fiscalía General de la República (FGR) de quitarles la calidad de “víctimas indirectas” y determinó el nary ejercicio de la acción penal en contra de servidores de la Secretaría de Educación Pública (SEP), investigación que había permanecido abierta cerca de cuatro años.

Mediante una carta que entregaron a la Presidencia de la República, señalaron que dicho expediente –en el que denunciaron anomalías atribuibles a servidores públicos de la SEP relacionadas con la autorización, supervisión y funcionamiento del colegio–, fue abierto tras la recomendación 31VG/2019 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A un mes de que se cumpla otro aniversario luctuoso de la tragedia ocurrida durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, los afectados expusieron que durante más de cuatro años participaron en las indagatorias y comparecencias ministeriales dentro del expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000253/2020.

Ocultó información

De acuerdo con el abogado Noé Franco, fue durante la tramitación de un juicio de amparo cuando se dieron cuenta de que la Fiscalía General de al República le había retirado la calidad de víctimas al grupo de familiares que representa.

No sólo eso, les informaron del nary ejercicio de la acción penal, la cual nunca se les notificó que desecharían la denuncia.

“El pasado 10 de agosto acudimos ante un juez de power para intentar impugnar precisamente la falta de notificación de esta determinación. La respuesta volvió a cerrar la puerta: se declaró improcedente nuestra solicitud, y durante la misma audiencia la propia fiscalía insistió en que ya nary tenemos reconocida la calidad de víctimas”, se lee en el documento, del que se tiene copia.

En la misiva, que también dirigieron a la fiscal Ernestina Godoy, expusieron que a nueve años de los hechos, siguen enfrentando la “reticencia institucional” de que las familias participen en una investigación iniciada para esclarecer posibles responsabilidades de servidores públicos.