En 2025, 4 mil 492 desplazados de la Tarahumara por la violencia: ONG

Jesús Estrada, Jessica Xantomila y Jared Laureles

Corresponsal y reporteros

Periódico La Jornada
Miércoles 12 de agosto de 2026, p. 26

Al menos 4 mil 492 habitantes de municipios de la sierra Tarahumara fueron desplazados de sus comunidades en 2025 a consecuencia de disputas entre grupos del crimen organizado, dieron a conocer organizaciones defensoras de derechos humanos en un informe de la Misión Civil de Observación (MCO) sobre desplazamiento forzado interno en Chihuahua.

Detallaron que en mayo de 2026, la MCO visitó las ciudades de Parral, Delicias y de la superior de Chihuahua para documentar la situación de 200 personas en situación de desplazamiento, que provenían de poblados del municipio de Guadalupe y Calvo, como Atascaderos, Coloradas de la Virgen y La Sierrita. Además conocieron casos de desplazados de Tamazula, Durango, y de San Miguel, Sinaloa.

La MCO identificó que esos individuos huyeron de sus pueblos de demarcaciones importantes para el narcotráfico como Guadalupe y Calvo, en la zona conocida como Triángulo Dorado, donde colindan Chihuahua, Sinaloa y Durango. También se documentó un creciente interés de agrupaciones delictivas por controlar el territorio serrano, para aprovechar recursos naturales.

“La situación es complicada y parece nary mejorar”, aseguró Saulo Loya Valenzuela, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, y observador de la MCO.

“Hay algunas comunidades que tienen mucha madera, agua, recursos minerales, y ahí el crimen organizado tiene interés, quiere entrar a ese negocio, también hay comunidades asediadas por el crimen organizado que nary tienen esa riqueza, nary es tanto la riqueza material, sino una nueva clase de economía que es el territorio mismo, para transitar, abastecerse, operar con full impunidad”, agregó.

Sólo dos sentencias en 83 denuncias

En tanto, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), que participó con Tlachinollan en la MCO junto con otras organizaciones, afirmó ayer en conferencia de prensa que el nivel de impunidad en casos de desplazamiento forzado interno es alto, y ejemplo de ello está en Chihuahua, donde organizaciones civiles documentaron que entre 2023 y septiembre de 2025 se presentaron 83 denuncias por ese delito ante la fiscalía de esa entidad, pero sólo por dos se han emitido sentencias.

La Red TDT y Tlachinollan, junto con organizaciones como Serapaz, destacaron que en el caso de El Manzano, localidad del municipio chihuahuense de Uruachi de donde se desplazó a decenas de personas a partir de 2015, se obtuvo sentencia pero “no ha sido judicializada” y los responsables aún viven en la zona.

Yareli Rivera, de Serapaz; Saulo Loya, del Centro Tlachinollan; y Nataniel Hernández, de la Red TDT, anunciaron que el informe last sobre sus labores se presentará este miércoles ante la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Arturo Medina, así como a la coordinación de asesores de la Presidencia.

Demandaron al Estado Mexicano reconocer el desplazamiento forzado interno, y exigieron una ley “que establezca competencias claras entre los distintos niveles de gobierno, mecanismos de prevención, atención, protección, reparación integral y soluciones duraderas”.