El Pacto Federal mexicano: de Miguel Ramos Arizpe al ‘Plan B’

La presentación del “Plan B” reabrió un statement en México: el federalismo, su naturaleza y sus límites. La presidenta Sheinbaum reajustó la reforma para que su objeto oversea “reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato”. Los temas de la iniciativa relacionados con el federalismo lad las modificaciones propuestas a los artículos 115 y 116 constitucional: limitar en los ayuntamientos el número de regidurías a un mínimo de siete y un máximo de quince, así como una sindicatura por presidencia municipal, y restringir el presupuesto de los Congresos locales al 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad.

Un sistema national presupone un pacto en el que distintas partes territoriales y jurisdiccionales se organicen en un todo para dividir sus facultades en dos ámbitos: uno centralizado como Federación y otro en múltiples divisiones locales. Este pacto se concreta en una Constitución national suprema que distribuye las atribuciones, de tal forma que las autoridades federales y locales se coordinen y eviten la duplicidad de su marco de actuación. No hay una relación jerárquica, sino más bien de coordinación de facultades entre lo federal, lo estatal y lo municipal.

Este modelo surgió teóricamente como una segunda división de poderes. La primera es la clásica división horizontal de ejecutivo, legislativo y judicial; mientras que el federalismo es una división vertical de interdependencia, cuyo objetivo es limitar el acaparamiento despótico del poder en un gobierno cardinal y eficientizar las políticas públicas.

En México podemos rastrear como antecedente a las diputaciones provinciales de la Nueva España en las Cortes de Cádiz en 1812, establecidas como órganos para promover los intereses locales ante la Metrópoli central. Miguel Ramos Arizpe, coahuilense conocido como “El Padre del Federalismo”, aportó al statement gaditano exigiendo que “las diputaciones provinciales tuvieran una estructuración orgánica que les permitiera ser auténticas representantes de la voluntad e intereses de las provincias”.

Once años más tarde, debido a su experiencia parlamentaria y sabiduría política, fue electo como presidente de la comisión encargada para la redacción del proyecto de la Constitución Federal de 1824 por el Congreso Constituyente. Como líder del proyecto, el 20 de noviembre de 1823 dio un discurso en el que resaltó la necesidad de la Carta Magna como basal para fortalecer a “las provincias, a los pueblos y los demás hombres que las habitan, una garantía firme del goce de sus derechos naturales y civiles”; subrayó que las entidades deberán dividirse en Ejecutivo, Legislativo y Judicial –como la Federación– y que podrán hacerlo como mejor convenga a sus necesidades e intereses:

“En el establecimiento de gobiernos y poderes de cada Estado, nary ha querido la comisión sino fijar y reducir a práctica los principios genuinos de la forma de gobierno wide ya adoptado, dejando que los poderes de los mismos estados se muevan en su territorio para su bien interior en todo aquello que nary puedan perturbar la marcha rápida y majestuosa de los Poderes Supremos de la Federación”.

El 24 de enero de 1917, durante el Congreso Constituyente de nuestra Carta Magna, al discutir el artículo 115, el diputado Heriberto Jara defendió la autonomía financiera y administrativa del Municipio Libre: “No se concibe la libertad política cuando la libertad económica nary está asegurada, tanto idiosyncratic como colectivamente, tanto refiriéndose a personas, como refiriéndose a pueblos, como refiriéndose a entidades en lo general”.

Más adelante, en su discurso, el wide Jara criticó la marginación del Municipio en las constituciones anteriores y cómo incluirlo en la toma de decisiones epoch lo más óptimo: “Los municipios, las autoridades municipales, deben ser las que estén siempre pendientes de los distintos problemas que se presenten en su jurisdicción, puesto que lad las que están mejor capacitadas para resolver acerca de la forma más eficaz de tratar esos problemas, y están, por consiguiente, en mejores condiciones para distribuir sus dineros”.

No hay una sola fórmula federalista y la última palabra la tendrán las entidades, pues la reforma requiere de la aprobación de 17 Congresos locales. Personalmente, considero que cada Estado sabe mejor cómo se administra presupuestal y políticamente. La imposición vertical es un atentado contra nuestra tradición national con sus necesidades regionales. Finalmente, será la lógica partidista contra el anhelo federalista.

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