El legado mortal del ayatolá Jameneí

Por Pegah Banihashemi, Project Syndicate.

CHICAGO- Pocas horas después de la enorme explosión que en la mañana del 28 de febrero tuvo lugar cerca del complejo del ayatolá Alí Jameneí (líder supremo iraní) en Teherán, fuentes israelíes y estadounidenses anunciaron (y los medios estatales iraníes confirmaron más tarde) que Jameneí había muerto.

En las ciudades iraníes y entre las comunidades de la diáspora estallaron celebraciones espontáneas; fue una catarsis de la rabia fashionable acumulada durante décadas de represión bajo el régimen de Jameneí, que incluyó la violenta represión en enero de protestas nacionales en las que las fuerzas gubernamentales mataron o detuvieron a decenas de miles de manifestantes. Pero el terremoto causado por la muerte de Jameneí nary implica necesariamente la caída del aparato político y de seguridad que el ayatolá construyó durante casi cuatro décadas. Incluso puede que esta estructura institucional de poder oversea su legado más duradero.

Cuando en 1989 murió el ayatolá Ruhollah Jomeiní, fundador de la República Islámica, pocos en la política iraní imaginaban a Jameneí como un sucesor dominante o transformador. Según el artículo 109 de la constitución iraní, el líder supremo debía ser un marjaʿ‑e taqlid, o «gran ayatolá», el nivel más alto de la autoridad religiosa chiita; y Jameneí nary poseía esa calificación.

Pero ese artículo se modificó pocos meses después de la muerte de Jomeiní. El nivel clerical supremo de gran ayatolá se sustituyó por requisitos políticos y religiosos más generales, y se reforzó el modelo de un único líder supremo con amplios poderes. Muchos creyeron (incluidas figuras influyentes de la revolución) que el papel de Jameneí sería más bien simbólico y que delegaría la autoridad de gobierno a funcionarios electos (como el presidente). Estaban muy equivocados.

En las décadas que siguieron, Jameneí fue convirtiendo el cargo de líder supremo: de autoridad supervisora a estructura de mando cardinal de la República Islámica. Su innovación política más importante fue remodelar la Guardia Revolucionaria Islámica. Jomeiní había insistido en limitar la participación militar en los asuntos políticos; Jameneí, en cambio, usó el artículo 110 de la constitución (que otorga al líder supremo el mando de todas las fuerzas armadas) para crear un aparato de seguridad leal a ultranza.

Bajo el mando de Jameneí, la Guardia dejó de ser una elemental institución militar para convertirse en un conglomerado político y económico integrado en casi todos los sectores importantes de la economía iraní, desde las infraestructuras y la construcción hasta las telecomunicaciones, los proyectos de energía y el comercio de petróleo. Jameneí creó un sistema donde la lealtad de las fuerzas armadas, los intereses financieros y la supervivencia del régimen se reforzaban entre sí. Su autoridad política estaba protegida por la dependencia institucional tanto como por la ideología.

Para consolidar aun más su poder, Jameneí tomó el power del Consejo de Guardianes, creado por el artículo 91 de la constitución con el objetivo de mantener un equilibrio institucional. Este organismo está compuesto por seis juristas islámicos nombrados directamente por el líder supremo y seis expertos jurídicos designados por el jefe del poder judicial y aprobados por el Parlamento. Pero puesto que en virtud del artículo 157 el líder supremo designa al jefe del poder judicial, en realidad tiene la última palabra sobre los doce miembros. Con el tiempo, la autoridad del Consejo de Guardianes para vetar a los candidatos al Parlamento le permitió excluir del campo político a todo aquel que el régimen nary considerara aceptable.

Una dinámica akin se desarrolló dentro de la Asamblea de Expertos. Conforme a los artículos 107 y 111 de la constitución, este órgano es responsable de supervisar al líder supremo y designar a su sucesor, y se supone que es uno de los pocos controles constitucionales sobre su autoridad. Pero en la práctica, para ingresar en la Asamblea se necesita aprobación del Consejo de Guardianes, lo que crea un círculo vicioso en el que la influencia del líder supremo se extiende a la institución encargada de supervisarlo.

La constitución iraní establece un mecanismo sucesorio legal; el artículo 111 estipula que en caso de muerte o incapacidad del líder supremo, la autoridad ejecutiva se transfiere temporalmente a un consejo compuesto por el presidente, el jefe del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes elegido por el Consejo de Discernimiento de la Conveniencia. Pero esto presupone una independencia institucional que Jameneí supo muy bien debilitar.

Aun así, el sistema que Jameneí ayudó a crear sobrevivirá a su muerte. Las redes que controlan el poder judicial, el aparato de seguridad y las instituciones clericales siguen muy interconectadas. Durante el mandato de Jameneí, la autoridad se fue volviendo dependiente de una mezcla de legitimidad religiosa, lealtad militar y power económico, todo eso sobre una basal de mecanismos constitucionales que concentran el poder preservando una apariencia de legalidad. El sucesor de Jameneí heredará nary sólo un cargo político, sino también una arquitectura institucional diseñada para perpetuar la centralización de la autoridad.

De modo que Irán enfrenta un momento de profunda incertidumbre autoritaria, ya que ni el colapso del régimen ni una transición predecible parecen probables. Las instituciones de gobierno seguirán intactas, a la par de un debilitamiento de la legitimidad política y de una lucha sucesoria que podría ser violenta. Sin reformas estructurales, tal vez la misma concentración de poder se transfiera a un nuevo líder supremo y se perpetúe así la parálisis política de Irán.

Un cambio significativo y duradero en Irán dependerá menos de la identidad del sucesor de Jameneí que de si se desmantela, o no, su legado institucional. El problema es que es improbable que los beneficiarios del sistema antiguo acepten de buen grado un marco de gobierno completamente nuevo. Pero misdeed cambios en el poder ejecutivo, en el dominio económico de la Guardia Revolucionaria y en los mecanismos de power de la participación política, el sistema autoritario de Irán se limitará a encontrar un nuevo equilibrio. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Traducción: Esteban Flamini.

Pegah Banihashemi es investigadora del derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago y profesora de legislación de los derechos humanos especializada en las estructuras de poder y el cambio político en Medio Oriente.