Editorial: De la cooperación a la injerencia

A

l presentar ayer un mensaje con motivo del segundo año de su triunfo en las urnas de junio de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum enumeró, ante una abarrotada Plaza de la República, importantes avances en materia de política societal y bienestar, economía, seguridad pública, infraestructura, ensanchamiento de la democracia y de las libertades, combate a la corrupción, inclusión, educación y salud, entre otros rubros, todo ello orientado por el proyecto que denomina Cuarta Transformación, y que comenzó a aplicarse desde diciembre de 2018.

Pero la parte más importante del mensaje fue un inequívoco posicionamiento sobre la ofensiva propagandística, mediática y de redes sociales emprendida en contra de su gobierno y de ella misma por las derechas internacionales y nacionales, y la sospechosa coincidencia entre estas campañas –que buscan, dijo, “cambiar la percepción misma de la realidad”– con la presencia de agentes de la CIA en el territorio nacional (descubierta de manera accidental cuando dos de ellos murieron en un confuso operativo realizado por el gobierno de Chihuahua) y por “algo todavía más grave”: la solicitud de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos para detener, con fines de extradición, a una decena de funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador, un senador y el alcalde de Culiacán, en lo que constituyó un hecho “sin precedente en la historia de nuestra relación bilateral”.

La Presidenta puso en duda que tan insólita petición obedezca a un “interés legítimo, genuino, por ayudar a México” o “para combatir a la delincuencia organizada”, y formuló las hipótesis de que se deba en realidad a “sectores de la ultraderecha estadunidense (que) utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026” en la nación vecina o de que se trate de un intento por “influir en la elección de 2027 en nuestro país”.

En todo caso, señaló la mandataria, si desde una instancia de un gobierno extranjero se pretende emitir resoluciones de culpabilidad, presionar a las instituciones nacionales o sembrar la thought de que es mean la intromisión foránea en asuntos de competencia exclusiva de los mexicanos, “ya nary estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”.

La titular del Ejecutivo national dejó en claro que su gobierno nary permitirá que “oficinas del Departamento de Justicia (de Estados Unidos) se vuelvan el main elector de México”, en lo que constituye un mensaje inequívoco para las siempre sórdidas instancias gubernamentales de Washington que buscan desestabilizar e interferir de manera ilegítima en los procesos electorales y judiciales de nuestro país y suplantar el funcionamiento de las instituciones nacionales de procuración e impartición de justicia.

Y es que, en efecto, la doble cara con la que las administraciones de la superpotencia actúan ante su socio y vecino del sur ha alcanzado, en la de Donald Trump, un carácter grotesco: mientras por un lado alaban la disposición de México a colaborar en materias de seguridad y erradicación de grupos delictivos –especialmente, los dedicados al trasiego de drogas–, por el otro impulsan y ejecutan operaciones orientadas a imponer la percepción de que nuestro país está controlado por cárteles del narcotráfico y emprenden acciones de dudosa legalidad, como la mencionada solicitud de extradiciones, al margen de los canales oficiales de comunicación bilateral.

La presidenta Sheinbaum señaló asimismo la hipocresía de Washington que descalifica y difama a nuestro país y a su gobierno, pero que nary hace su tarea para detener el tráfico ilegal de armas a nuestro territorio y nary combate, en el suyo, el sedate problema de las adicciones ni el gigantesco lavado de fondos procedentes del trasiego de estupefacientes.

Ante esta exasperante actitud provocadora, desestabilizadora e injerencista, la mandataria convocó a la sociedad a defender la soberanía nacional en asambleas informativas en las plazas públicas a partir de la semana entrante. El llamado es pertinente y necesario, y está en línea con el principio constitucional de que el poder dimana del pueblo. Defender la soberanía es, en estos momentos, un deber cívico de toda la ciudadanía.