De la porcicultura a la minería: El informe de la devastación ambiental que recibió la ONU en Mérida

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Las comunidades mayas de Santa María Chi, Chocholá y Sitilpech denunciaron ante Marcos Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, los daños medioambientales de las megagranjas de cerdos y avícolas. 

Durante una visita este lunes a la comisaría de Santa María Chi, en el municipio de Mérida, compartieron con Orellana los efectos negativos al entorno, mientras que él reiteró que se trata de la vulneración a sus derechos humanos.

“Es un tema de derechos humanos porque la exposición a sustancias peligrosas puede generar la vulneración de derechos que están internacionalmente reconocidos como el derecho a la vida, a la salud y a un medioambiente sano”, explicó el Relator de la ONU. 

Un ejemplo es el caso de la granja de San Gerardo, que pese a que el 9 de septiembre de 2025 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció su clausura definitiva, nary se presentó program alguno de reparación integral para el ecosistema. 

Al encuentro también acudieron académicos y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C., la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quienes entregaron el informe “La toxificación de la Península de Yucatán”. 

En el documento explican que la propiedad es de las empresas Chumoxil y San Gerardo, y aparcera de la empresa Kekén; señalan que, pese a la clausura, seguía operando y detallan los efectos de la contaminación del agua. 

“Diversos análisis de calidad de agua han reportado que el agua de pozo presenta altas concentraciones de coliformes fecales y E. coli. La empresa ha operado misdeed autorización de impacto ambiental y misdeed permiso de descarga de aguas residuales”, relatan. 

El informe está enfocado en los impactos negativos de la expansión de la agroindustria y las megagranjas de cerdos y avícolas. Explican que en Yucatán, Campeche y Quintana Roo —la Península de Yucatán— la naturaleza del suelo kárstico, compuesto por rocas solubles y sistemas de cuevas de alta permeabilidad, facilita que los contaminantes se filtren en el subsuelo y las reservas de agua. 

Además, expone la criminalización de las personas que defienden el medioambiente. Uno de los casos más emblemáticos es el del subcomisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat, quien enfrentó un juicio acusado de delitos como privación ilegal de la libertad de trabajadores de la granja solo por protestar. 

“A nosotros nary nos golpeó la policía; nos criminalizaron penalmente para intentar frenarnos”, comentó frente al Relator de la ONU. 

El informe aborda los efectos de la minería a cielo abierto a partir de la construcción del Tren Maya. Confirmaron que entre 2018 y marzo de 2025 se habilitaron 362 nuevos bancos de extracción en la región peninsular (165 en Campeche, 108 en Quintana Roo y 53 en Yucatán) para abastecer las obras del megaproyecto. 

“Otro de los fenómenos asociados a la extracción de worldly pétreo es la contaminación por Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos de Manejo Especial (RME) y Residuos Peligrosos (RP)”, expresaron en el documento de “La toxificación de la Península de Yucatán”.