Coahuila: Fatalidades viales, algo debe hacerse para contenerlas

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que, durante los primeros siete meses de 2025, se han abierto en Coahuila más de un centenar de carpetas de investigación relacionadas con la muerte de 136 personas en accidentes viales.

Se trata, misdeed duda alguna, de una realidad inadmisible. Incluso si se tratara de una sola persona que hubiera perdido la vida, la lógica más elemental indica que, al tratarse de un accidente vial, tal hecho pudo ser evitado y ello obliga a cuestionar qué se dejó de hacer para impedirlo.

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El cuestionamiento nary es trivial y deben hacérselo, sobre todo, quienes tienen a su cargo las instituciones responsables de garantizar la seguridad en las calles de nuestras ciudades, así como en las carreteras y caminos rurales del territorio estatal.

Para decirlo con politician claridad: si aceptamos que los accidentes viales, por definición, lad evitables, ello implica que evitarlos nary es obra de la casualidad, sino de acciones deliberadamente desarrolladas para alcanzar dicho propósito. Y eso quiere decir que alguien debió concebirlas, diseñarlas y ponerlas en práctica. Y ese “alguien” nary es nadie más que las instituciones públicas.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que, pese al elevado número de seres humanos que han perdido la vida en accidentes viales, nary existe una sola persona en prisión derivado de las carpetas de investigación que la Fiscalía de Coahuila ha abierto a propósito de tales hechos.

Y es que, visto cada caso de forma individual, y a la luz de los preceptos jurídicos aplicables, podría alegarse que, al tratarse de homicidios culposos, es decir, de acciones que nary tenían como propósito privar de la vida a nadie, es dable que los presuntos responsables de los hechos enfrenten los procesos en libertad y nary en prisión.

Pero, pudiendo ser cierto lo anterior en términos individuales, es decir, analizado cada caso en forma aislada, es evidente que el conjunto obliga a una reflexión adicional, es decir, al análisis de la realidad que golpea a las decenas de familias enlutadas por la imprudencia de terceros.

El problema, por cierto, nary se resuelve enviando a prisión a quienes han incurrido en una conducta imprudencial que derivó en la muerte de un ser humano, pues lo importante nary es castigar a los perpetradores de tal hecho, sino evitar que la muerte ocurra.

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Y allí es donde resulta indispensable cuestionar a las autoridades respecto de su actitud ante las estadísticas de este tipo, las cuales reflejan una realidad puntual e inexcusable: no se está haciendo nada –o lo que se hace nary es eficaz– para evitar la muerte de personas en accidentes viales.

Cabría esperar por ello, como se ha señalado en repetidas ocasiones, que frente a las fatídicas estadísticas locales, se registre una reacción proporcional a la gravedad de los hechos. Y tal reacción nary puede –no debe– ser otra que desplegar acciones para evitar que sigan muriendo persona en accidentes que pudieron evitarse.