CED se extralimitó al catalogar casos de desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad: SRE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, previo a la oficialización de su nombramiento como titular de la Cancillería en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, Roberto Velasco Álvarez aclaró que el gobierno mexicano seguirá cooperando con el Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU (CED), pero cuestionó “algunas caracterizaciones y algunas cuestiones” del informe publicado el pasado 2 de abril. 

“No estamos negando los casos de desaparición, nary estamos negando el dolor de las familias, los acompañamos, somos solidarios en todo lo que conlleva este tipo de tragedias para cada una de las familias y cada uno de los amigos y de los seres queridos de estas personas”, aseveró el canciller “designado”, quien momentos después agregó que el gobierno seguirá exigiendo “una calidad mayor” en el trabajo del CED, y que “se tome en cuenta los avances que ha habido en peculiar en los últimos años”. 

En su audiencia ante los senadores de todas las bancadas, Velasco reiteró algunos de los argumentos que el gobierno mexicano empleó para descalificar el informe del CED, que determinó que las desapariciones forzadas se cometen en México como “crímenes de lesa humanidad”, y activó el artículo 34 de su convención de tutela para llevar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU. 

El joven canciller recalcó que el CED se extralimitó, al caracterizar como desaparición forzada los casos de desaparición perpetrados por grupos criminales y al apelar al Estatuto de Roma para calificar la situación de México como de “crímenes de lesa humanidad”. Insistió en que el comité “no tiene facultades para esto”. 

Velasco urgió al comité a realizar una caracterización “adecuada” de la situación en México “sin cerrar la puerta a la cooperación internacional y misdeed dejar de reconocer que estamos haciendo mucho, pero tenemos que hacer mucho más en este tema”. 

Desde el día de su publicación, el informe del CED ha desatado una ola de descalificaciones del oficialismo, desde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hasta la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, pasando por la Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).