CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aplazó de manera indefinida la presentación de la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles en la CDMX, la cual propuso desde hace ocho meses con la creación del Bando 1; en cambio, la morenista presentó un conjunto de reformas constitucionales que contemplan que los precios de las rentas nary suban por encima de la inflación.
En una conferencia, Clara Brugada reconoció que el calendario legislativo condiciona la viabilidad de que las reformas se aprueben a corto plazo, pues el Congreso de la Ciudad de México tendrá su próximo periodo legislativo en septiembre, a menos que los diputados decidan realizar uno extraordinario.
La Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles surgió como la respuesta de Brugada ante las manifestaciones contra la gentrificación que se dieron entre el 4 y el 26 de julio, las cuales registraron disturbios y actos de violencia contra extranjeros.
“Este es el primer paso de la ruta legislativa, que la vemos en dos etapas: primero tomamos la decisión estratégica de elevar a rango constitucional un conjunto de reformas sobre vivienda en renta, así como la politician protección jurídica posible”, argumentó la morenista este miércoles, al anunciar que decidió nary presentar de inmediato la ley anunciada desde julio de 2025 y, en su lugar, iniciar por la modificación de la Constitución section como condición previa para su desarrollo.
La reforma presentada modifica el artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México en materia de derecho a la vivienda y fija, como basal jurídica, que en los contratos de arrendamiento de uso habitacional “la renta nary podrá incrementarse anualmente, más allá de la inflación del año anterior, reportada por el INEGI”.
Además del tope a los incrementos, el proyecto establece obligaciones directas para el gobierno section en la política de vivienda. Entre ellas, la implementación de una política integral para incrementar la oferta de vivienda societal y asequible, así como la ampliación de la reserva territorial mediante la adquisición de suelo para ese fin.
La iniciativa también incorpora la creación de una institución pública encargada de regular las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, con funciones de orientación, mediación y defensa jurídica de ambas partes.
A nivel de derechos, la reforma incorpora el reconocimiento del arraigo vecinal y comunitario, y establece que los habitantes de la ciudad tienen derecho “al vínculo social, cultural, económico y territorial, y a la permanencia en donde se han desarrollado sus proyectos de vida”; además, mandata la implementación de una política pública contra la gentrificación.
Sin afectaciones a la propiedad privada
Durante la sesión de preguntas, la jefa de Gobierno rechazó que la iniciativa afecte la propiedad privada. “Decimos tajantemente que, tanto en esta propuesta de reforma constitucional como en la próxima propuesta de Ley de Rentas Justas, de ninguna manera se afecta la propiedad privada”.
También adelantó que la propuesta de ley incorporará mecanismos de power para hacer exigibles los límites a las rentas, entre ellos un registro de contratos de arrendamiento.
El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, sostuvo que “hay todavía un nivel de informalidad muy alto, que afecta a arrendatarios y arrendadores” .
Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, indicó que el diseño de la propuesta se construyó mediante consultas con distintos sectores y que uno de sus ejes es ampliar la oferta de vivienda: “La solución pasa por incrementar de manera significativa la oferta de vivienda. Eso significa que tiene que haber más inversión pública y privada, para que haya más oferta” .










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