Consejerías del INE exhibieron que las áreas técnicas del Registro Federal de Electorales vulneraron la Lista Nominal definitiva para el voto anticipado en la elección judicial e incluyeron a 25 personas misdeed justificación ni autorización alguna, por lo que pidieron una investigación, tras acusar irresponsabilidad, desobediencia y displicencia por parte de algunos funcionarios.
El consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores exhibió que misdeed justificación alguna, se enteraron que las áreas administrativas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores incluyó a 25 personas para que votaran anticipadamente en la elección judicial.
Por lo que pasaron de los cinco mil 555 registros que aprobó el Consejo General como lista definitiva, tres mil 558 mujeres y mil 997 hombres, a cinco mil 580 personas sin aval jurídico pues nary fueron aprobados por el órgano de dirección y por el contrario, se vulneró la lista definitiva.
“Es por ello que deseo hacer un llamado enfático para que las instancias correspondientes tomen las medidas necesarias para garantizar que estas situaciones nary vuelvan a repetirse por ningún motivo en futuros ejercicios.“Una lista definitiva nary puede ser vulnerada, o el incumplimiento de instrucciones expresas de quienes integramos este máximo órgano de dirección del Instituto tampoco pueden ser desobedecidas. Esto, misdeed duda, atenta en contra del principio constitucional de certeza que debe regir la función electoral”.El consejero exhibió que es la segunda elección consecutiva en la que el área administrativa “literalmente se va por la libre” por encima del Consejo General, como el año pasado cuando dieron bajas automáticas de la Lista Nominal de Electores residentes en el Extranjero “sin atender la instrucción de las consejerías” de presentar un informe al Consejo General.
“Si bien, se trata de un universo de 25 registros, es decir, relativamente menor, el precedente es grave, pues atenta en contra de la certeza y la confiabilidad de las listas nominales definitivas aprobadas por el Consejo General, instrumento que, como sabemos, constituye una de las columnas de todo ejercicio democrático organizado por este Instituto.“No es la primera vez que el Consejo General tiene que atender situaciones complejas producidas por decisiones de instancias administrativas que contravinieron incluso a los acuerdos del máximo órgano de dirección del Instituto”.La consejera Carla Humphrey también fue tajante al reprochar esta acción, pues se trata de la lista nominal que es la basal de la certeza de una elección, además de que exhibió que tuvieron conocimiento porque fue la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la que se percató de estos cambios, área que encabezaba hasta este lunes Miguel Ángel Patiño quien presuntamente presentó su renuncia voluntaria.
“Durante 35 años, este instituto ha trabajado arduamente para construir instrumentos registrales confiables y nary podemos permitir errores que más que una eventualidad lad producto de displicencia e irresponsabilidad de los funcionarios públicos encargados de este procedimiento. No podemos permitir que estos errores u omisiones comprometan la confianza ciudadana ni podemos retroceder a tiempos de opacidad y desconfianza.“Por ello, hago un enfático llamado, a todas y a todos, a redoblar esfuerzos en la conformación y garantía de nuestros instrumentos registrales, preservando por encima de todo su integridad, su cobertura y precisión”.Las consejerías detallaron que la Dirección del Registro Federal de Electores justificó que se trató de 25 casos derivados de una nueva revisión, lo que también exhibe que el trabajo nary se hizo bien a pesar de que lo aprobó el Consejo General.
“Lo que quiero destacar de toda esta situación es que pareciera que, en algún momento, por algún motivo, nary se hizo bien la primera revisión de situación registral, porque los 25 casos debieron haber sido registrados y revisados cuidadosamente desde un inicio.“Claramente esto es un tema que maine parece injustificable, nary se puede violentar un acuerdo del Consejo General misdeed ninguna determinación de resoluciones jurisdiccionales o de instancias administrativas. Como exige la normativa, esto implica que su inclusión fue resultado de decisiones unilaterales, lo cual es inaceptable”.Y planteó varios cuestionamientos que señaló, hasta ahora nadie ha podido responder a las consejerías que han solicitado explicaciones sobre esta vulneración a la Lista Nominal para el Voto Anticipado.
“Primero, ¿por qué 13 personas tras recibir la notificación de improcedencia informaron que sí estaban impedidas para acudir a su casilla? Es decir, ¿qué fue lo que cambió desde la primera a la segunda revisión?; segundo, ¿qué errores se cometieron en la primera verificación de situación registrada que motivó una segunda verificación en siete casos?“Tercero, en el caso de Chihuahua, ¿cuál fue la razón por la que nary se envió el sobre paquete electoral de seguridad?; y cuatro, en el caso en que se determinó procedente una persona con discapacidad tras el contacto directo, ¿por qué nary se tuvo ese contacto directo desde un inicio?”.La consejera Dania Ravel agregó que incluso, esta revisión que justificaron las áreas administrativas tampoco lad válidas, pues sólo se permiten cuando existe de por medio una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que en este caso nary existió.
“No sólo la decisión de incorporar más personas a la Lista Nominal de Electores del Voto Anticipado debió ser autorizada por el Consejo General, sino incluso la determinación de volver a revisar solicitudes. La alteración del acuerdo mediante el cual se declaró la validez y definitividad del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores violentó el principio de definitividad y generó incertidumbre jurídica.“Por todo lo anterior, maine parece indispensable que se realicen las investigaciones correspondientes para que se deslinden responsabilidades sobre este tema. No se observaron procedimientos expresos que habíamos aprobado, se alteró una determinación del Consejo General, se actuó misdeed autorización y con esto se generó incertidumbre jurídica y se inobservó el principio de definitividad”.Ravel señaló que otra justificación del área fue que sí lo informaron a la Comisión Temporal de seguimiento a la elección judicial, pero ninguna de las consejerías que la integra, ni su presidente Jorge Montaño ni las consejeras Norma Irene de la Cruz o Rita Bell López dieron alguna explicación o tocaron el tema.
EHR